El Artículo I, Sección 2, Cláusula 3 de la Constitución de EE. UU. requiere que se realice un censo cada década para garantizar la distribución correcta en la Cámara de Representantes.  El Buró de Censo de EE.UU., el cual es supervisado por la Administración del Departamento de Economía y Estadística de Comercio, implementa el censo.  Aparte de la población, el censo recopila información valiosa para desarrollar estadísticas nacionales sobre la economía, temas de salud y sociales, y para destinar mejor el financiamiento federal para los programas locales de educación, el orden público, proyectos de transporte, ayuda agrícola, y otras actividades o programas financiados federalmente.    La autoridad para determinar las preguntas en el censo se le otorga al Secretario de Comercio bajo 13 U.S.C. §§ 3, 4, y 141(a).

El Departamento de Justicia cree que incluir la pregunta sobre ciudadanía le ayudaría a ejercer mejor la Sección 2 de la Ley de Derechos de Votación, la cual requiere un número de ciudadanos en edad de votar para proteger las minorías contra la discriminación.   El Secretario de Comercio, Wilbur Ross, evaluó todas las consideraciones legales del programa y las políticas, y decidió reintegrar la pregunta sobre ciudadanía en el formulario corto del cuestionario del censo.  La pregunta sobre ciudadanía se incluyó frecuentemente en los formularios de censos anteriores, y todavía se incluye en el “formulario largo” del censo que reciben hogares aleatoriamente, y el DOJ sí tiene un interés directo de recibir información precisa y completa para proteger los derechos de voto de las minorías.  El Secretario Ross reconoció las preocupaciones de que la pregunta de ciudadanía impactaría negativamente las tazas de respuesta para los no-ciudadanos, pero señaló que “ni el Buró de Censo ni los grupos interesados podrían documentar que la taza de respuesta efectivamente disminuiría materialmente” y que “no hay información disponible que determine el número de personas que de hecho no responderían debido a la adición de la pregunta de ciudadanía, y nadie ha identificado ningún mecanismo para hacer dicha determinación”.  Por consiguiente, estas preocupaciones no pesaron más que el interés de recopilar información precisa y completa por medio de las medidas existentes y probadas.  Sin embargo, el Secretario Ross no mencionó que el cree que el mejor acordamiento de aquí en adelante sería una combinación de registros administrativos y el censo para obtener la información de ciudadanía. (Anteriormente, tanto como hasta el 30 por ciento de las respuestas de ciudadanía en el formulario largo del censo han demostrado que son inexactas). 

El estado de California respondió presentando una demanda en el tribunal federal distrital, acusando que esto va en contra de la Constitución al interferir con la obligación de realizar un conteo completo de la población estadounidense, la “Enumeración real”, como lo indica la Constitución y el derecho jurisprudencial, la que ha sostenido que la distribución se tiene que “basar en la población total”, sin importar la ciudadanía.  El estado tiene la población de inmigrantes más grande del país, y le preocupa poder perder ambos escaños en el Congreso y financiación federal.  El Comité Nacional Demócrata de Reestructuración de los Distritos (NDRC, por sus siglas en inglés), encabezado por el antiguo Fiscal General Eric Holder, también presentó una demanda ante un tribunal federal en Maryland en contra del Buró de Censo, alegando que la decisión a última hora de agregar la pregunta del estado de ciudadanía en el censo del 2020 es inconstitucional y una violación de la Ley Administrativa de Procedimientos.  Mientras que ambas denuncias se presentaron en salas amigables, la necesidad legal de “posición” no es una conclusión predecible y puede al final ser fatal para ambas demandas.

En resumen, los opositores denuncian que incluir la pregunta de ciudadanía es, de acuerdo con California, “un acto partidista enfocado en avanzar la agenda política de la Administración de Trump en contra de la inmigración, que no toma en cuenta los requisitos legales”.  Sin embargo, las denuncias de ambos California y NDRC se apoyan fuertemente en suposiciones no probadas (y que no se pueden probar) para respaldar sus posiciones que la pregunta de ciudadanía reduciría las tazas de respuestas, que es la misma estrategia que no pudo establecer la posición en otra demanda en los 80s.  Aún más, el Buró de Censo ya ha publicado informes que implican la pregunta de ciudadanía y nacionalidad, tales como el informe de enero que indica que casi tres cuartos de los empleados en tecnología en el Valle de Silicio y la mitad en San Francisco y en la Bahía Oriental nacieron en el extranjero.  Sin embargo, los retos legales al procedimiento adecuado bajo las normas de APA y la Oficina de Gestión y presupuesto son mucho más fuertes porque el Buró de Censo no tuvo tiempo para probar y reportar adecuadamente los efectos políticos de la pregunta de ciudadanía, y puede que estos sean los retos que sean exitosos.