Cuando la casa blanca presentó este mes su propuesta para una amplia reforma inmigratoria, esta incluía una disposición que exigía imponer unas cuotas numéricas para los jueces de inmigración. La Administración ve a los largos procesos de expulsión como una fuente de frustración constante, y está intentando reducir los tiempos integrales del procesamiento de los casos para acelerar las deportaciones.  Están considerando establecer una base de partida para el número de casos que se espera que un juez de inmigración cumpla, y las evaluaciones de desempeño reflejarán la capacidad de cumplir con dicha cuota.  

Mientras que no hay duda de que esta iniciativa pudiese realmente acelerar el procesamiento de los casos, está viene con un costo muy alto.   El establecer una cuota afecta la independencia que los jueces federales poseen para gestionar sus casos como mejor les parezca, y también amenaza con debilitar el proceso debido.  Es por esto por lo que el sindicato de jueces de inmigración expresamente impidió la inclusión de las cuotas en su convenio colectivo.  Al imponer las cuotas, los jueces verán la limitación de su discreción en cuanto a la otorgación de aplazamientos, consideración de la evidencia, reprogramar casos, extender las audiencias para permitir testigos, y para desempeñar otras actividades judiciales, ya que el cumplir con la cuota sería más importante.  Esta propuesta es sumamente desacertada y probablemente inconstitucional.  El Departamento de Justicia, quien implementaría la cuota, no ha comentado o respondido a las preguntas sobre la propuesta de la cuota.