Retrasos sistémicos y paralizantes son una fuente de frustración por igual para todas las partes – ICE, inmigrantes, y los jueces de inmigración.  El cierre administrativo es una herramienta clave que usan los jueces de inmigración para priorizar los casos y gestionar sus cargas de casos en constante aumento.  Permite que un juez use la discreción y permite a los inmigrantes buscar otras formas de alivio que tengan disponibles fuera de los tribunales.  

El Fiscal General, Jeff Sessions, ha tomado como objetivo los cierres administrativos al referir un caso de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en Inglés), y la corte administrativa, y ha convocado comentarios en cuatro preguntas claves: (1) ¿Tienen la autoridad los jueces de inmigración (JI) de cerrar los casos administrativamente? (2) De ser así, ¿deberían tenerla? (3) ¿Sería otra herramienta de gestión de expedientes, tal como el aplazamiento, más adecuada? Y (4) ¿Si el Fiscal General (FG) determina que el BIA y lo Jueces de inmigración no tienen la autoridad de ordenar un cierre administrativo, que debe hacerse con los casos que ya se han cerrado administrativamente?  

Interesantemente, el caso que Sessions seleccionó es el de un menor no acompañado quien no fue representado por un abogado.  En este caso, el JI cerro el proceso administrativamente en vez de ordenar la expulsión del extranjero, cuando el este no se presentó para su audiencia.  El juez cuestionó si el gobierno había proporcionado su dirección adecuada y, preocupado sobre los derechos de debido proceso del extranjero, decidió no ordenar su expulsión.  DHS apeló frente al BIA. Es preocupante que Sessions eligiera dicho caso, de los muchos que hay disponibles, para revisar este procedimiento importante.  No es una buena señal para el futuro del cierre administrativo.