El Gobernador de California, Jerry Brown, tuvo la oportunidad de aprobar dos proyectos de ley que pasaron por su despacho recientemente, vetó uno y firmó el otro. El proyecto de ley que firmó requiere que se las personas extranjeras sean notificadas de su derecho a un abogado y el derecho de guardar silencio antes de hablar con oficiales federales de inmigración mientras están en custodia. Muchos asumirían que esto es un hecho obvio, pero la realidad es que la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda solo aplica para ofensas criminales – aunque la mayoría de ofensas de inmigración como quedarse más de lo debido, son ofensas civiles. Es a veces sorprendente enterarse que la Corte Suprema de EEUU ha determinado que dada la naturaleza civil de la ofensa, no se les garantiza a los extranjeros la representación legal durante sus audiencias – pese a las consecuencias severas (deportación) de las ofensas de inmigración. 

Es muy importante ser aconsejado de su derecho a guardar silencio ante los oficiales de ICE, dado que los inmigrantes en muchos casos proporcionan información a ICE involuntariamente, la cual es perjudicial para sus casos. El Gobernador Brown denominó la ley como “un aborde medido a los principios del debido proceso y la transparencia”, ya que sirve como el equivalente del derecho Miranda para los extranjeros. La ley también requiere que los departamentos de policía proporcionen la misma información que dan a los oficiales de ICE a los abogados de los inmigrantes, y que debe llevarse a cabo un foro público anualmente para revelar el rol del orden público local sobre las políticas federales de inmigración. La nueva ley se quedó corta con respeto a proporcionar ayuda legal sin costo para aquellos no que no pueden pagar un abogado, pero sigue siendo un gran paso adelante en la implementación de la intención verdadera de la Cláusula del Debido Proceso. Colorado y la Ciudad de Nueva York tienen políticas similares, pero no como resultado de la legislación estatal. 

El proyecto de Ley que vetó el Gobernador Brown, hubiese prevenido a los gobiernos locales de contratar empresas con ánimo de lucro para detener a los inmigrantes. El Gobernador explicó que estaba esperando que DHS examinará su propio uso de instalaciones de detención con ánimo de lucro. Sin embargo, una declaración reciente por parte de la Directora de Ice, Sarah Saldaña, señala que no es muy probable que DHS deje de usar centros de detenciones con ánimo de lucro dado a los requisitos legales que ordenan tener 34,000 camas de detención en todo momento. Estos centros de detención con ánimo de lucro han estado en la mira del congreso recientemente luego de acusaciones de condiciones y tratamiento inhumano de los detenidos. (El anuncio por parte del Departamento de Justicia el pasado agosto que indica que iniciará la eliminación del uso de prisiones privadas no aplica para las personas que están en centros de detenciones de DHS por violaciones de inmigración).