A principios de agosto, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), solicitó a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA, por sus siglas en inglés), en una iniciativa para quitarle a los jueces de inmigración su derecho a ser representados por un sindicato. En la petición, DOJ reclama que la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés), ya no es un sindicato valido porque los jueces son gerentes que no pueden formar sindicatos bajo la ley del Servicio Federal de Gestión de Relaciones Laborales-Gerenciales. El DOJ citó una «series de desarrollos legales y de hecho» que dice que han agregado una consideración gerencial a la autoridad de los jueces e invalidó la decisión de FLRA del 2000 que rechazaba el intento por parte de la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR, por sus siglas en inglés) de deshacer el sindicato.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), el representante acreditado de los jueces de inmigración para la negociación colectiva ha llamado la petición del DOJ absurda, y dijo que las acciones del DOJ están diseñadas para silenciar a los jueces y su sindicato. Sin duda, la descertificación de NAIJ es una iniciativa para suprimir las voces de los jueces de inmigración, quienes han denunciado los intentos por parte del DOJ para quitarles su autoridad. Curiosamente, la Administración ha hecho todo lo posible para limitar la autoridad gerencial e independencia de los jueces, micro gestionando los expedientes de los jueces, e imponiendo cuotas estrictas de desempeño.