Una de las primeras acciones del presidente Trump era hacer un show de demostrar la detención de fondos federales de las jurisdicciones santuarios.  En la Acción Ejecutiva “El Mejoramiento de la Seguridad Pública en el Interior de los Estados Unidos”, el presidente trató de “asegurar que las jurisdicciones que no cumplan con la ley Federal aplicable no recibirían fondos Federales, excepto cuando es requerido por la ley”.  Dos jurisdicciones de California que no cumplen con las órdenes de detención (el cumplimiento fundamental de la Administración) demandaron en los tribunales Federales para prohibir la orden. 

En su opinión, el Juez del Distrito de EE.UU., William Orrick, primero identificó cual rama controla quien otorga los fondos federales: El Congreso, no el presidente.  El Juez también se apoyó en la Décima Enmienda, la cual requiere que cualquier condición sobre los fondos federales tiene que ser precisa, oportuna, guarde alguna relación con los fondos en cuestión y no ser indebidamente represiva.  La Acción Ejecutiva no cumplió con los requisitos, y el juez pudo prohibir permanentemente esta parte de ella. (Dado el alto interés en los casos santuario, el tribunal distrital ha establecido una página web exclusiva, con la información del caso y otras noticias importantes.) 

La decisión por parte del juez federal se dictó un poco después que el Fiscal General hubiese enviado cartas a las jurisdicciones santuario, amenazándolas con la retención de dólares federales si no empezaban a cooperar con la inmigración. Luego de la dispersión, las autoridades federales en la rama ejecutiva sí dispersaron fondos federales a muchas jurisdicciones, incluyendo aquellas que habían recibido una carta del FG justo unas semanas antes.