A finales de octubre, un distrito federal había ordenado al gobierno a traer el tratamiento de familias buscando asilo, menores centroamericanos no acompañados, en cumplimiento con un acuerdo antiguo de hace 20 años. El acuerdo ordenaba que los menores afectados deberían ser puestos en libertad sin ninguna demora mientras la demanda siguiera en corte. Pero, el Departamento de Seguridad Nacional ha fallado al no cumplir con la orden del juez y los menores y familias continúan siendo detenidos.  Otras acciones ahora están siendo perseguidas mientras la litigación continúa con solicitudes de sesión informativa expedita.

En una acción presentada en la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, y la Oficina del Inspector General, los querellantes detallan los serios obstáculos que enfrentan los parlantes de lenguaje indígena al procurar acceso a ayuda en los centros de detención.  La escasez de servicios de lenguaje adecuados para tales individuos ha llevado a, deportaciones incorrecta de familias, demoras excesivas en procesamiento y detenciones más largas para madres e hijos, escasez de consentimientos informados de madres e hijos  para tratamiento médico, y la inhabilidad de los menores a significativamente participar en la escuela mientras están detenidos.  En otra movida para empujar el cumplimiento, una demanda fue presentada en Texas que bloquea a Texas de conceder licencias a  los centros de detención en Dilley y Karnes como facilidades de cuido de niños, Dilley y Karnes son las dos facilidades de detención de familias usadas por el Departamento de Seguridad Nacional. Un juez de Texas emitió una medida cautelar para bloquear al estado de agilizar las licencias.