Cerca de treinta años atrás, en el 1985, una demanda, Flores v Reno, fue traída contra el gobierno por detenciones de niños menores inmigrantes en facilidades seguras y no licenciadas.  Doce años después, en 1997, el gobierno entró en un acuerdo  a escala nacional y acordó no detener de esos niños más.  Esos asuntos están de nuevo en las cortes en la estela de la detención por parte del DHS de niños y sus madres inmigrantes de Centro América  y sus madres, que comenzó en el verano de 2014.

La actual litigación, traída a la Corte Federal de Distrito en Febrero del 2015, alega que el gobierno incumplió el acuerdo del 1997 de Flores al detener niños inmigrantes en la misma clase de facilidades.  Luego de que las partes no pudieron llegar a un acuerdo en Julio, el juez en el caso, Juez Dolly Gee, entró y emitió una orden para mostrar causa, esencialmente un fallo en el cual ella encontró que el gobierno había, de hecho, incumplido el acuerdo de Flores y que no podían retener por más tiempo en esas facilidades. Juez Gee también encontró que los niños inmigrantes detenidos debían de ser liberados y preferiblemente a uno de sus padres, incluyendo al padre con quien hubiera entrado al país, a menos que ese padre posara un riego de viaje o de seguridad.

En su larga respuesta, el gobierno argumentó que las circunstancias habían cambiado desde Abril de 2015 y que ya no tenían una política de detención de fianza. Discutía que ahora tenía un proceso en el cual los niños y sus madres que traspasaran el primer obstáculo de establecer “miedo creíble”, el primer paso para ganar asilo, estaban siendo liberados.  También argumentó que la corte debería revisitar la orden y revalorar un número de los términos. Además, el gobierno aseveró que la detención aseguraba ciertos cuidados médicos y acceso a consejería a los cuales los niños no podrían afrontar si eran liberados. Los demandantes respondieron. Ellos argumentaron que las políticas de detención del gobierno, de hecho, no habían cambiado y que el acceso a consejería y cuidado médico era, de hecho, impedido por encarcelación. Los demandantes también argumentaron que remoción expedita no es requerido por ley y que el gobierno podía emitir una orden de Notificación y al mismo tiempo a comparecer y al mismo tiempo darle liberación condicional a los niños y sus madres en los Estados Unidos mientras ellos se sometían a los procedimientos de remoción en la Corte de Inmigración en una fecha posterior.  Los demandantes enfatizaron que el gobierno de hecho ha liberado condicionalmente a algunos niños y sus madres, por lo menos por un período de tiempo en Julio mientras ellos esperan por sus procedimientos de remoción.

El juez prontamente denegó la solicitud del gobierno para argumentación oral y señaló que ella está preparada para pronunciarse sobre el caso.  Se espera una decisión para el 24 de agosto.  Asumiendo que la orden es emitida por los demandantes, el gobierno puede apelar pero no se espera que lo haga.  En su lugar, se cree que el gobierno pueda responder a presión de los defensores y miembros del Congreso quienes han llamado a la terminación de la detención de familias y cumplirán con la orden del juez en el caso. Sigan sintonizados.