Cambios y mejoras a las medidas de aplicación de inmigración se están desarrollando a un paso muy rápido. En el momento, lugar protagónico, está la separación de miembros de familia en la frontera del sur, por parte de la administración, lo cual finalmente ha empujado al muro de la atención pública.   La política de cero-tolerancia del Fiscal General, Jeff Sessions, sobre los cruces fronterizos ilegales, resultó en dirigir a sus fiscales a buscar procesamientos para cualquier persona que detengan al cruzar la frontera ilegalmente, ha provocado indignación a nivel nacional.  El presidente fue obligado a emitir una nueva orden Ejecutiva el 20 de junio, la cual continúa causando confusión, incertidumbre, y extenso criticismo, sin mencionar las condiciones abominables para los afectados.   El futuro de unos 2.300 niños separados de sus padres, luego de cruzar la frontera, todavía es incierto y enredado en un sin fin de trámites burocráticos, y 17 estados ya han demandado al gobierno por la política de la separación de familias.  Simplemente, la situación es caótica. 

El Fiscal General también emitió dos decisiones de precedencia, las cuales causarán muchos cambios en los tribunales de inmigración. En el Caso de Castro-Tum, el Fiscal General efectivamente impidió que los casos de inmigración se cerraran administrativamente, salvo que lo requiera una ley o regulación.  También ha ordenado que se abran de nuevo alrededor de 300.000 casos que se cerraron administrativamente bajo el gobierno del presidente Obama.  En la segunda decisión, el Caso de A-B-, El Fiscal General Sessions tomo un paso extenso al declarar unilateralmente que era improbable que las solicitudes de asilo basadas en la violencia de pandillas o la violencia familiar reunieran los requisitos para asilo.  Cuando se aplica esta decisión a las entrevistas de temor-creíble para filtrar a los solicitantes en la frontera, es muy posible que muchas personas sean rechazadas en la puerta, antes de haberles dado un chance de desarrollar sus solicitudes.  Las decisiones recientes del Fiscal general se complementan por las cuotas de ejecución que se están imponiendo a los jueces de inmigración (700 al año), y la restricción de aplazamientos que proporcionan a las partes (o el juez) más tiempo para desarrollar y juzgar un caso.  

Ice continua su actividad en las acciones de aplicación de la ley contra empleadores que contratan trabajadores indocumentados y sus empleados que usan documentos de identidad fraudulentos.  Se llevaron a cabo recientemente redadas de alto perfil en un matadero en Tennessee y en dos centros de flores/jardines en Ohio.  En las redadas de Ohio se detuvieron 114 trabajadores, pero no arrestaron a ningún oficial de las empresas durante las redadas.  Simultáneamente, la agencia ha incrementado las auditorías de I-9s por casi un 60%, comparado al último ejercicio fiscal, tiene planes para otra ola de auditorías este verano, llevando el total a más de 5.000 para septiembre 30 del 2018.  ICE también ha desarrollado un plan para crear un centro de Inspección de Cumplimiento de Empleadores para centralizar las órdenes y revisiones de auditorías, con una meta de 15.000 auditorías por año. La idea de este plan es el dar a impresión a los empleadores que es probable que los auditen. 

El Fiscal General y la Administración, continúan tomando pasos dramáticos para hacer cumplir su agenda anti-migratoria.  Tradicionalmente, estas acciones eran una demostración de fuerza temporal para demostrar confidencia en la habilidad de la rama ejecutiva de hacer cumplir las leyes de inmigración mientras el Congreso prepara una reforma.  Sin embargo, bajo esta administración es difícil anticipar si será posible cualquier tipo de reforma de inmigración.