De los más de 2.500 niños que fueron separados de sus padres debido a la política “cero tolerancia” de la Administración de Trump relativa a las personas que cruzan las fronteras, aún no se han reunido cerca de 550 niños, y aproximadamente 463 de sus padres ya no están en los Estados Unidos. Como resultado de esta política desastrosa, La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA por sus siglas en inglés) y el Consejo Americano de Inmigración, presentaron una denuncia frente a la Oficina del Inspector General (OIG por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y la Oficina de Derechos y Libertades Civiles (CRCL por sus siglas en inglés), en la que detallan las tácticas represivas usadas por oficiales del gobierno que incluye ejemplos de casos y testimonios originales de los padres separados, que documentan una práctica represiva e ilegal por parte de los oficiales de DHS al obligar a las madres y padres a firmar documentos que tal vez no hayan entendido, aparentemente renunciando a sus derechos legales, incluyendo sus derechos a ser reunidos con sus hijos. De acuerdo con AILA y el Consejo, estas prácticas obstruyeron la habilidad de los padres de participar de manera significativa en el proceso de asilo.