La Administración de Trump, por medio del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), poco a poco ha implementado varias políticas durante el último año que han debilitado la independencia de los tribunales de inmigración y que han debilitado el debido proceso de los extranjeros.  Puntos básicos: Los tribunales de inmigración desempeñan un papel central en proporcionar a los extranjeros una oportunidad de presentar reclamos de amparo y suspensiones en los Estados Unidos.  Lamentablemente, estos tribunales de inmigración presentan muchos atrasos con una carga de casos en constante aumento de más de 650.000 casos, muchos de los cuales toman años para llegar a una decisión.   Es en este contexto, pero solo con los retrasos en mente, que la Administración y el DOJ han adoptado cambios. Estos cambios – incluyendo pasos para imponer cuotas numéricas a los jueces de inmigración (IJ) e intentos para restringir las garantías procesales –  básicamente amenazan la integridad de los tribunales de inmigración.  Abajo un resumen de lo que está pasando. 

Referir Casos al Fiscal General

Durante los últimos meses, el Fiscal General Jeff Sessions, se refirió dos casos de inmigración que habían sido decididos por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), la corte administrativa a nivel de apelaciones, para una avaluación adicional. Estos casos implicaban la autoridad de un juez para usar herramientas de gestión de expedientes (incluyendo aplazamientos y cierres administrativos) y para ejercer la discreción en casos de asilo.  Los jueces de inmigración tienen facultades inherentes – incluyendo la facultad de controlar sus expedientes y de cerrar casos administrativamente como una forma de ejercer dicho control – otorgados por el Congreso y reconocidos por la Corte Suprema y los tribunales inferiores.  Si bien los fiscales generales se han referido casos de vez en cuando, es mucho menos común referirse un caso que implica la discreción judicial.  Remisiones como las actuales tienen un efecto paralizante en los IJs y los extranjeros que se presentan ante ellos: Es menos probable que los jueces tomen acciones que favorezcan a los inmigrantes por temor a que sus decisiones sean cuestionadas por el Fiscal General (AG, por sus siglas en inglés), y los inmigrantes que se representan por si mismos sin un abogado, tienen menos posibilidad de defenderse energéticamente y apelar si fuese necesario, por temor de que sus acciones sean en vano.  Dichas remisiones envían una señal que el AG tiene la intención de restringir la independencia judicial considerablemente.   

Cuotas de Ejecución para los Jueces de Inmigración

A finales de marzo, la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR, por sus siglas en inglés) – una división del Departamento de Justicia – anunció que los Jueces de Inmigración estarían sujetos a medidas rigurosas, incluyendo requerir que ellos completen un mínimo de 700 casos por año. Las nuevas cuotas de ejecución entrarán en vigor el 1 de octubre del 2018, y formarán parte de las evaluaciones de desempeño de los IJs (que están vinculadas con la seguridad laboral y los aumentos salariales). Los Jueces, por ejemplo, podrían ser influenciados a negar una solicitud de aplazo que en caso contrario él o ella hubiesen concedido razonablemente, solo por temor a los números de ejecución y retención de empleo.  En vez de reducir atrasos de casos – la presunta lógica detrás de esta nueva política – lo más probable es que las cuotas resulten en decisiones tomadas precipitadamente, errores graves, y directamente resulten en más apelaciones y detenciones, lo cual causa más retrasos y van en contra de las metas del AG – sin mencionar la debilitación del debido proceso.  

Disminuir el Uso de los Aplazamientos  

El pasado julio, el Juez Principal de Inmigración emitió un memorando el cual dificulta más que los jueces otorguen varios aplazamientos.  Los aplazamientos son necesarios en muchas circunstancias, tales como cuando una persona está enfrentando la deportación en el tribunal de inmigración mientras espera una decisión sobre una solicitud pendiente por parte de USCIS. Un ejemplo son las solicitudes de visas “U” para las víctimas de crímenes, peticiones de visas de inmigrantes por parte de familiares de residentes o de ciudadanos, o solicitudes para algunas personas casadas con ciudadanos estadounidenses. Por ley, los JI no pueden tomar decisiones sobre estas solicitudes; USCIS tiene la jurisdicción exclusiva para tomar esas decisiones. Si los JI cumplen estrictamente con esta política, inmigrantes con vías de alivio válidas, que aún estén pendientes ante otra agencia de inmigración, serían expulsados.  

El Acceso a Abogados Para los Inmigrantes

A principios de abril, EOIR anunció su intención de cancelar el Programa de Orientación Legal (LOP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Apoyo de Inmigración, programas que se establecieron hace muchos años para facilitar la presentación individual o de grupos, talleres y servicios de remisión gratuitos para los inmigrantes detenidos en procesos de expulsión, por parte de organizaciones sin fines de lucro.  Los programas han sido sumamente exitosos, con un impacto positivo en la eficacia judicial y justicia fundamental, al reducir el tiempo que las personas están detenidas y ahorrándole tiempo a los jueces y tribunales de inmigración, ya que los no-ciudadanos entienden mejor el sistema de inmigración y saben si son elegibles para alivio.   (El Congreso manifestó instrucciones para continuar con dicha programación en el Proyecto de Ley de Apropiaciones del 2018 que se firmó para que entre en vigor). La Administración está terminando los programas por supuestas consideraciones fiscales.  

Respondiendo a estas nuevas políticas, especialmente las cuotas de terminación y judiciales del LOP, varios expertos de inmigración y grupos de interés han planteado serias preocupaciones.   Benjamin Johnson, Director Ejecutivo de la Asociación de Abogados de Inmigración, ha pedido al Congreso que deben “exigirle cuentas al Fiscal General y demandar que el Departamento de Justicia mantenga funcionando al LOP”. Señaló que el Proyecto de Ley de desembolsos del 2018, como también la Constitución de EE.UU. la cual garantiza la misma protección bajo la ley para todos, lo requieren: 

“Terminar el LOP, un programa verificado que estableció…el presidente de ese entonces Bush, le quitaría al sistema de tribunales de inmigración recursos críticos que garantizan el compromiso más básico hacia la imparcialidad y el debido proceso… Quitarle el presupuesto y oras herramientas al LOP…conlleva a que miles de personas pasen por el sistema sin entender sus derechos y cómo funciona el proceso.   Sin el LOP, el sistema de tribunales sería menos justo, menos eficiente, y más caro.  Los casos se moverán más lento y más personas estarán detenidas por períodos de tiempo más largos, lo que le costaría millones de dólares a los contribuyentes”. 

Varios jueces retirados de inmigración y antiguos miembros de BIA saltaron al ruedo y presentaron una declaración al Subcomité Judicial del Senado para la Seguridad Fronteriza e Inmigración en la que indican que el sistema tribunal de inmigración está en crisis y le pidió al Congreso que elimine el sistema tribunal de inmigración del DOJ.  Decenas de profesores de legislación de inmigración hicieron lo mismo, haciendo un llamado al Congreso para que cree un tribunal de inmigración independiente y para que defiendan el tribunal ante los esfuerzos del DOJ para debilitar el debido proceso.  Miembros democráticos del Senado y el Comité Judicial de la Cámara escribieron una carta al AG expresando su oposición a la terminación inminente del LOP y la imposición de cuotas numéricas de casos, indicando que las “medidas recientes plantean inquietudes constitucionales y difieren totalmente de la visión americana de un sistema de justicia para todos”.  Y, respondiendo a otra política más, otros miembros del Congreso platearon acusaciones que el DOJ puede estar violando la legislación federal al bloquear la contratación de jueces de inmigración que son tan necesarios, basándose en consideraciones ideológicas y políticas. 

Es muy claro que el Fiscal General y la Administración están tomando pasos dramáticos para escribir de nuevo la legislación de inmigración por medio del sistema tribunal de inmigración.  Una solución para impedir esta intrusión es crear un tribunal de inmigración independiente, “Artículo I” (ej. dentro del legislativo en lugar de la rama ejecutiva del gobierno), lo que les permitiría a los jueces de inmigración decidir los casos justamente y neutralmente.

*NOTA:  El 26 de abril de 2018,  el Departamento de Justica de los Estados Unidos, revocó su decisión, y anunció  que no detendrá el LOP por ahora.