El 3 de octubre, el Juez de Distrito de EE.UU. Edward Chen, emitió una orden preliminar contra el gobierno de finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, y Sudán. El Juez señaló que el gobierno tiene que continuar el TPS y las autorizaciones de trabajo para los beneficiarios de TPS de estos países, mientras continua la demanda que reta la decisión del gobierno de eliminar las protecciones. La orden preliminar entra en vigor inmediatamente, y permanecerá en vigencia hasta que se solucione el caso o se emitan más ordenes desde el tribunal. El juez indicó:

“…A falta de una medida cautelar, los beneficiarios del TPS y sus hijos, indisputablemente sufrirán un daño irreparable y grandes dificultades. Los beneficiarios de TPS que han vivido, trabajado, y criado familias en los Estados Unidos (muchos por más de una década), estarían sujetos a expulsión. Muchos tienen hijos nacidos en los Estados Unidos; estos enfrentarían la opción de Hobson de llevarse sus hijos con ellos (y separarlos a fuerza del único país y comunidad que han conocido) o fracturar las familias. En contraposición, el gobierno no ha conseguido establecer ningún daño real si se mantiene el orden establecido (el cual ha existido por dos décadas) mientras esté pendiente este pleito. En efecto, más bien los Demandantes y amici, han establecido, sin lugar a duda, que las economías locales y nacionales se perjudicarían si cientos de miles de beneficiarios de TPS son desarraigados y expulsados”.