Tras el fallo no unánime de la Corte Suprema sobre la acción ejecutiva del Presidente Obama respecto a DACA/DAPA,  el tribunal más alto de la nación acordó escuchar otro caso de inmigración crítico. A finales del año pasado el Noveno Circuito ratificó una orden del tribunal del distrito federal en California la cual requiere que los jueces de inmigración tengan audiencias de fianzas cada seis meses para los que estén detenidos y no son ciudadanos. Ese caso ya se enviará a la Corte Suprema como Rodríguez v. Robbins.

El caso de demanda colectiva lo presentó originalmente la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y aboga por los derechos de aquellos que fueron capturados tratando de entrar al país y otros quienes se han encontrado en procedimientos de expulsión por crímenes de distintos grados. El encarcelamiento civil de extranjeros (por razones preventivas, en vez de razones punitivas) ha sido muy discutido en el Noveno Circuito durante la última década. Ahora la Corte Suprema tendrá una voz sobre estas detenciones extendidas.

En un día cualquiera, El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detiene aproximadamente a 33,000 personas que están esperando una audiencia o expulsión. En el transcurso del año, el total supera 429,000 personas encarceladas. La razón de ese número tan alto se ata a la adición de la Ley de Partidas Complementarias del 2010 por parte del difunto Senador Robert Byrd (D-WV), indicando que “…la financiación que está disponible bajo esta sección deberá mantener un nivel de no menos de 33,400 camas de detención.” Ninguna otra agencia del gobierno tiene un cupo que requiera un cierto número de detenidos, y no es sorprendente que las cárceles privadas se benefician de esta política.

Cualquier abogado de inmigración que ejerce en la defensa de expulsión puede atestiguar sobre la ardua batalla de mantener sus clientes fuera de la cárcel mientras esperan la audiencia de expulsión. El reto es aún más grande cuando el cliente ya está detenido. Aunque la mayoría de los jueces de inmigración son justos con sus determinaciones, los argumentos que la persona es la principal fuente de ingresos para una familia de cuatro o cinco, sin antecedentes y no siendo un riesgo de fuga, constantemente caen sobre oídos sordos contra, por ejemplo, un cargo por Conducir en Estado de Embriaguez. Si se fija una fianza, normalmente es entre $4,000 y $12,000 y como se debe pagar el monto completo para la liberación, este alto precio no está al alcance de la mayoría de las personas en América, sin importar su estatus de inmigración.

Intensificando aún más el problema son los atrasos de los tribunales de inmigración. Por ejemplo, los tribunales de Carolina del Norte tienen sus audiencias finales relativamente rápido, pero los tribunales de inmigración de Los Ángeles, Arlington, Virginia, Houston, y Nueva York sufren de retrasos opresivos, los cuales resultan en detenciones de meses y peor aún, años. La ACLU argumentó, y el Noveno Circuito estuvo de acuerdo, que las detenciones de más de seis meses sin la oportunidad de una fianza, plantean serios interrogantes constitucionales.

Es improbable que el caso reciba tanta atención como el caso reciente de DACA/DAPA, pero es otro ejemplo de cómo está de defectuoso el sistema de inmigración – y la Administración de Obama no puede ganar de ninguna forma. Los conservadores plantean los retos de no hacer cumplir la ley, mientras que la izquierda responde con reclamos de que hay mucho cumplimiento. Independiente de esto, el caso plantea preguntas serias sobre el debido proceso en los Estados Unidos. La Corte Suprema escuchará los alegatos orales y emitirá un fallo durante el próximo término, el cual inicia en octubre y finaliza en junio del 2017.