En una reprimenda dura a la acción ejecutiva de restricción de viaje de la Administración, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito sostuvo la orden preliminar nacional prohibiendo su implementación por parte de la Administración. Esto es lo que dijo el Tribunal: “La pregunta para este Tribunal, simplificada a su forma más esencial, es si la Constitución…permanece ´una legislación para gobernantes y el pueblo, de igual manera durante la guerra o la paz´, Y de ser así, si protege los derechos del Demandante de cuestionar una Acción Ejecutiva que en texto habla en términos ambiguos sobre la seguridad nacional, pero en contexto exuda una intolerancia religiosa, animadversión, y discriminación. Sin duda la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda aún sigue siendo un vigilante incansable para la protección de uno de nuestros principios fundamentales más apreciado – que el gobierno no debe establecer ninguna ortodoxia religiosa, o favorecer o desfavorecer una religión sobre la otra. El Congreso le otorgó poderes amplios al Presidente para negar la entrada al país a los extranjeros, pero este poder no es absoluto. No puede continuar sin control cuando, como se ve aquí, el Presidente lo ejerce por medio de un decreto ejecutivo que puede causar daños irreparables a personas a lo largo de esta nación. Por lo tanto, debido a las siguientes razones, afirmamos en una parte sustancial la emisión de la orden preliminar nacional por parte del tribunal del distrito,…”

La Administración ha solicitado la revisión del fallo del Cuarto Circuito por parte de la Corte Suprema, a pesar de que el Noveno Circuito también emitió un fallo declarando que la restricción de viaje es inconstitucional. Ese Tribunal decidió que el Presidente no había desarrollado la verificación de hechos requerida para justificar el cese de inmigración basado en nacionalidad. El Tribunal sostuvo: “Determinamos que el Presidente, al emitir esta Acción Ejecutiva, excedió el alcance de la autoridad que el Congreso le delegó. Al suspender la entrada al país a más de 180 millones de ciudadanos de seis países, suspender la entrada a todos los refugiados, y al reducir el límite de admisiones de refugiados de 110,000 a 50,000 para todo el año fiscal 2017, el Presidente no cumplió con la condición esencial preexistente para ejercer su autoridad delegada: El Presidente tiene que presentar a unos hallazgos adecuados que indiquen que la entrada al país por parte de esta clase de personas sería “perjudicial para los intereses de los Estados Unidos.” Aún más, la Orden va en contra de las provisiones de INA que prohíben la discriminación basada en nacionalidades y requieren que el Presidente siga un proceso específico al fijar el límite anual de admisión de refugiados. Sobre estas bases legales afirmamos en gran parte la orden preliminar del Tribunal del distrito prohibiendo las Secciones 2 y 6 de la Acción Ejecutiva”.

Ambos fallos, el del Circuito Noveno como también el del Circuito Cuarto, se apoyaron fuertemente en las declaraciones que hizo el Presidente durante su campaña volátil. Además de decidir la constitucionalidad de la acción ejecutiva, la Corte Suprema tendrá que determinar si el aplicar esta retórica, se permite durante el análisis legal de la acción ejecutiva. Por lo tanto, el futuro falló de la Corte Suprema no sólo proporcionará la última palabra sobre el fiasco de la prohibición de viaje, pero también podría tener un impacto tremendo sobre futuras campañas presidenciales. Mientras tanto, han habido reportes que viajes visados desde los países especificados se han reducido drásticamente.