El Departamento de Estado ha estado analizando a las personas que están solicitando la tarjeta verde bajo la prohibición de cargo público. Algunos de estos que no son ciudadanos estadounidenses tienen que demostrar que no sería probable que llegaran a depender del gobierno para asistencia monetaria o cuidado a largo plazo. Al hacer una determinación de cargo público, el gobierno tiene que revisar la edad de la persona, salud, situación familiar, ingresos, recursos, educación, y habilidades, y también puede considerar una declaración jurada de apoyo económico o un contrato firmado por un patrocinador que promete apoyar económicamente al inmigrante. La determinación requiere una consideración completa del total de las circunstancias.

Hace casi dos décadas, el gobierno clarifico que el uso de servicios como la cobertura de salud o asistencia alimenticia no se considerarían en la determinación de cargo público – únicamente se podría considerar el recibir asistencia monetaria para el mantenimiento mensual de ingresos o cuidado a largo plazo financiado por el gobierno. Sin embargo, nuevas instrucciones del Departamento de Estado ahora incluyen el uso de beneficios no monetarios por parte de los solicitantes, patrocinadores y miembros de familia, como una consideración válida en el momento de determinar el cargo público. Las personas que haya sado estos beneficios deben tener cuidado al solicitar visas de inmigrantes en un consulado.

USCIS aún no ha tomado una postura similar para las solicitudes de tarjeta verde que se presentan localmente, y los factores que afectan su determinación de cargo público no han cambiado. A estas alturas, no está claro si USCIS va a seguir su ejemplo.