La Deportación Acelerada se creó en 1,996 y es un proceso con el cual funcionarios de inmigración de bajo rango pueden deportar algunos extranjeros indocumentados o que han cometido fraude o han hechos declaraciones falsas. Desde el 2004, funcionarios de inmigración han usado la deportación acelerada para deportar a personas que llegan a sus fronteras, como también a personas que ingresaron sin autorización si los detienen dentro de dos semanas de su llegada y dentro de 100 millas de la frontera canadiense o mexicana.

El 22 de julio del 2019, DHS anunció que está ampliando considerablemente la deportación acelerada para aplicarla en todos los Estados Unidos para personas que han estado en los Estados Unidos por menos de dos años. La nueva interpretación entró en vigor el 23 de julio 2019.

Por lo tanto, desde el 23 de julio, DHS está aplicando la deportación acelerada a todas las personas que no son ciudadanos que no son admisibles bajo INA §§212(a)(6)(C) y (a)(7), que no hayan estado presente en los Estados Unidos de forma continua por lo menos por dos años, sin importar donde ICE o CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos) los encuentre. Esta ampliación considerable significa que los funcionarios de DHS en el interior del país podrán saltarse el tribunal de inmigración y colocar a las personas que no son ciudadanos directamente en una vía rápida para la deportación.

Sin embargo, el 6 de agosto, tres organizaciones con miembros que están sujetos a la nueva regla (AILA, la ACLU el bufete de abogados Simpson Thatcher & Bartlett LLP), interpusieron una demanda el Tribunal de Distrito de Columbia, reclamando que la nueva regla va en contra de la Cláusula de la Quinta Enmienda de Debido Proceso, la Ley de Proceso Administrativo, y las leyes federales de inmigración. Luego interpusieron una solicitud que busca una orden preliminar para prevenir que DHS continúe aplicando la regla mientras el caso se litiga.