Durante los últimos meses del 2016, la tendencia creciente de la rama ejecutiva era el desprecio por el sistema privado de prisiones. El Departamento de justicia emitió un memorando que interrumpía la práctica del todo, lo cual impulsó acciones por parte de otras agencias federales. ICE consideró seriamente eliminar esta práctica de apoyarse en centros de detenciones privados, pero de mala gana, determinó que era imposible mantener sus obligaciones bajo la ley y apoyarse únicamente en los centros de detenciones del gobierno. A menos de un año después, las prisiones y centros de detención privados están en alza. 

El Fiscal General, Jeff Sessions, revertió la posición del Departamento de Justicia y restableció la dependencia en las prisiones privadas. Está forma agresiva de ejecutar las leyes de inmigración, sumado a los millones de extranjeros indocumentados en los Estados Unidos, ha resultado en que ICE requiera más centros de detención que nunca antes. Nueve de los diez centros de detención más grandes de los Estados Unidos ahora son privados, y aproximadamente 65 por ciento de los centros de detención de inmigrantes son operados por corporaciones de prisiones sin ánimo de lucro. Las dos corporaciones más grandes son el grupo GEO y CivicCore (anteriormente Corrections Corporation of America, o CCA) se establecieron en los años ochenta, cuando las corporaciones hicieron cabildeo político para pasar leyes que expandieran la detención y otras formas de encarcelación. Hoy en día todavía están construyendo nuevas prisiones, incluyendo planes para nuevas aperturas en Texas y Georgia. 

Esta dependencia en las prisiones e instalaciones de detención privadas generan preocupaciones importantes sobre las motivaciones de aquellos en posiciones de poder, mientras sus justificaciones ameritan un debate rigoroso. Sin embargo, es la rápida expansión de las instalaciones de detención lo que crea una preocupación inmediata. El crecimiento a un paso tan rápido, mientras es bueno para los inversionistas, ha llevado a acusaciones de controles y supervisión inadecuados, comida y servicios médicos malos, y aún posibles violaciones laborales. Mientras que pueden surgir demandas civiles a futuro contra algunos centros de detención operados deficientemente, la Administración se está moviendo a pleno ritmo con sus prácticas de expulsión agresivas. Es probable que ICE dependa fuertemente en las instalaciones privadas por la forma en que detiene un mayor número de personas que están viviendo en los Estados Unidos ilegalmente.