La Corte Suprema de Los EE.UU. recientemente decidió dos casos de inmigración importantes, en uno decidió que la parte de la ley que define un “crimen de violencia” es constitucionalmente ambigua para propósitos de deportaciones, y en el otro caso decidió que no hay un derecho automático para una audiencia de fianza para aquellas personas que están detenidas por un período prolongado de seis meses.  

En abril la Corte Suprema decidió Sessions v. Dimaya, un caso implicando un “delito agravado” como base para la deportación, el cual incluye convicciones por algunos “crímenes de violencia”.  El estatuto Federal que define los crímenes de violencia incluye una provisión amplia, global (“cualquier otra ofensa que es un delito mayor y que, por su naturaleza, supone un riesgo que se pueda usar la fuerza física contra la persona o propiedad de otro, mientras se comete la ofensa”). De acuerdo al Tribunal, esta cláusula residual no es lo suficientemente específica para los extranjeros con convicciones criminales si estos fuesen sujetos a expulsión bajo esta.  Al pronunciar esta decisión, el tribunal se apoyó en una colección de principios legales que se conocen como la “doctrina de ambigüedad”. Esta es una extensión del concepto del debido proceso, el cual se basa en la noción que el gobierno tiene una obligación afirmativa de proporcionarle a las personas una notificación adecuada sobre que comportamiento es prohibido por ley.

Unas semanas antes la Corte Suprema decidió Jennings v. Rodriguez, un caso implicando la constitucionalidad y validez de la detención prolongada.  La Corte reversó y remitió una decisión por parte del Noveno Circuito que mantenía que bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), la detención prolongada se convierte constitucionalmente sospechosa luego de seis meses y, por lo tanto, proporcionaba un derecho automático a una audiencia de fianza luego de seis meses de detención.  En una decisión de 5-3, la Corte Suprema sostuvo que no hay un derecho automático a una audiencia de fianza bajo estas circunstancias y que la Corte de Apelaciones malinterpretó la Ley INA.  Dado que la decisión del Noveno Circuito fue una interpretación estatutaria y no constitucional de lo que se requiere, la Corte Suprema remitió el caso de nuevo a la Corte de Apelaciones para determinar si la detención prolongada sin una audiencia de fianza va en contra de la Constitución. 

No todas las personas sujetas a detención de inmigración son detenidos por un sin fin de meses.  Normalmente los casos que implican personas detenidas, se les da un tratamiento preferencial en los tribunales de inmigración.  Pero siempre ha habido varias instancias donde, por diferentes circunstancias, un emigrante ha sido detenido por meses y aún hasta años, sin derecho a presentarse frente a un juez de inmigración para solicitar una fianza.  El demandante en este caso, el Señor Rodriguez, había estado detenido por tres años mientras el gobierno procesaba su caso de expulsión.