El 26 de junio, la Corte Suprema emitió su tan esperado fallo, respaldando la Proclamación del 24 de septiembre del 2017, por parte del presidente Trump (“Restricción de Viaje 3.0”), la que en la actualidad excluye ciudadanos de siete países, indicando que la proclamación “está directamente dentro del alcance de la autoridad Presidencial bajo INA.” (Trump v. Hawaii, 26/06/18). La restricción de viaje incluye restricciones contra cuatro naciones principalmente musulmanas- Irán, Libia, Somalia, Yemen y Siria. Corea del Norte y Venezuela también están en la lista.  Se eliminaron tres otras naciones principalmente musulmanas (Chad, Irak y Sudan), dese que la política se implementó por primera vez por medio de la Orden Ejecutiva en enero del 2017. 

La Corte rechazó los retos constitucionales a la restricción.  Destinando respeto al presidente, a pesar de la evidencia que se presentó, el Corte explicó que “respaldaría la política, mientras que pueda entenderse razonablemente como un resultado de una justificación independiente de bases inconstitucionales.” La Corte luego concluyó, basándose en el expediente del caso, que la restricción tenía “una base razonable en cuestiones de seguridad, muy separadas de hostilidad religiosa.” En un voto 5-4, los conservadores de la Corte expresaron que el poder legal del presidente sobre los temas de inmigración, no se debilitaban por su trayectoria de declaraciones incendiarias sobre los peligros que representan para los Americanos los Musulmanes, según sus declaraciones. 

El presidente de la Corte, Robert, entregó la opinión de la Corte, y los Magistrados Kennedy, Thomas, Alito y Gorsuch, se unieron a esa opinión.  El Magistrado Breyer presentó una opinión en contra, a la cual se unió la Magistrada Kagan.  La Magistrada Sotomayor presentó una opinión en contra, a la cual se unió la Magistrada Ginsburg. 

En el escrito por parte de la mayoría, el presidente de la Corte, John G. Roberts Jr. expresó que el Sr. Trump tenía una autoridad legal amplia para formar juicios sobre la seguridad nacional en el ámbito de inmigración. 

Incluso cuando respaldó la restricción de viaje, le mayoría tomo un paso trascendental.  Revocó Korematsu v. Los Estados Unidos, la detención de 1944 que endorsaba la detención de los japoneses-americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el presidente de la Corte, Roberts, expresó que esta decisión era muy diferente: “La reubicación forzada de Ciudadanos Estadounidenses a campos de concentración, únicamente y expresamente basado en una raza, es objetivamente ilegal y fuera del alcance de la autoridad presidencial», él escribió.  “Pero es totalmente inútil vincular esa orden moralmente repugnante a una política neutral que niega a ciertos extranjeros el privilegio de admisión.”

La Orden Ejecutiva de la restricción de viaje no incluyó la provisión de exenciones caso-por-caso para las restricciones de entrada, si un oficial consular determina que el solicitante cumple con los siguientes criterios: (1) El negar la entrada le causaría al extranjero una dificultad indebida; (2) la entrada no representaría una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública de los Estados Unidos; y (3) la entrada beneficiaría el interés nacional.  

En una orientación que se emitió en febrero del 2018 al Senador Chris Van Hollen (D-MD), el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), aconsejó lo siguiente en términos de cómo se puede superar una exención a la restricción de viaje:  Primero, para satisfacer el criterio de dificultad indebida, el solicitante tiene que demostrar a la satisfacción del oficial consular, que existe una situación peculiar que obliga a viajar al solicitante inmediatamente y que el retrasar la emisión de la visa malograrían el objetivo del viaje.  Segundo, el viaje del solicitante puede considerarse un interés nacional si el solicitante demuestra a la satisfacción del oficial consular, que una persona o entidad americana sufriría dificultades si el solicitante no pudiese viajar hasta que se levanten las restricciones impuestas con respecto a los ciudadanos de ese país.  Y, por último, para establecer que el solicitante no constituye una amenaza a la seguridad nacional, o la seguridad pública, el oficial consular evaluará los protocolos y prácticas de intercambio de información y manejo de identidad del gobierno del país de nacionalidad del solicitante, en cuanto se relacionen con el solicitante.  Y si luego de consultar con la Oficina de Visas, el oficial consular determina que un solicitante no constituye una amenaza a la seguridad nacional o seguridad pública, y se han cumplido los otros dos requisitos, se puede emitir una visa con el acuerdo el gerente consular.  Esperamos que el DOS y DHS emitan más orientación para ayudar a los solicitantes potenciales a entender que es lo que se requiere.