El mes pasado el gobernador de Texas firmó el Proyecto de ley 4 del Senado (SB-4), una medida que le permite a la policía local preguntar el estado inmigratorio de cualquier persona que arresten o detengan y requerir que la jurisdicción local respete las órdenes de retención que emite ICE. El proyecto de ley surge como un resultado directo de la crítica pública que hizo la Alguacil del Condado de Travis, Sally Hernández, a la acción ejecutiva del Presidente Trump que se enfocaba en las ciudades santuario, indicando que ella no cumpliría con la orden. (El capitolio del estado, Austin, es la silla del condado del Condado de Travis). Los gobernantes de Texas respondieron con la SB-4. La ley de Texas es similar a la ley de Arizona que apareció en los titulares de los medios hace unos años – una ley que eventualmente fue revocada por los Tribunales federales – con una gran diferencia: la nueva ley permite a las autoridades estatales castigar al Jefe de Policía o Alguacil que indique a sus subalternos que no actúen como agentes de inmigración de facto. Los violadores de la ley enfrentan multas altas y también el potencial de ser destituidos del cargo.

El requisito de hacer cumplir las órdenes de detención emitidas por ICE llega en el momento que los jueces federales están examinando esta misma práctica. Un juez federal en Texas consideró que las órdenes de detención de ICE son inconstitucionales, y otros jueces distritales a lo largo del país han llegado a la misma conclusión. Sin embargo, ICE todavía usa la misma práctica, y el SB-4 requiere que las jurisdicciones locales cumplan con las órdenes de detener lo inmigrantes una vez hayan cumplido su sentencia para permitir que ICE se haga cargo de su custodia. 

Se ha retado el SB-4 en los Tribunales federales, por parte de los Condados de El Paso, Maverick y la Ciudad de El Cenizo, todos presentando demandas contra Texas. Mientras tanto, la Asociación de Abogados de Inmigración ha respondido con la reubicación de Texas de su conferencia anual expresando, “Nuestra Junta Directiva decidió que no podía pedirle a los miembros de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), y en muchos de los casos, a sus familias, que asistieran a la conferencia en el estado que ha pasado el SB-4 como ley. El SB-4 no tiene un propósito legitimo, y debilita los principios de imparcialidad de nuestro país, el debido proceso, y el tratamiento igual bajo la ley”.