La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), fue establecida por el presidente Obama hace cinco años en respuesta a las realidades de hacer cumplir las leyes de inmigración. Era otra forma de permitir que ICE priorizará el cumplimiento; La agencia tiene una financiación limitada y es mejor que se dedique a deportar aquellos que constituyen una amenaza a la seguridad pública o a la seguridad nacional. Ya que la actual administración ha tomado un paso atrás del enfoque prioritario a favor de un sálvese quien pueda, el futuro de los beneficiarios de DACA está en peligro. ¿Será que el presidente Trump respeta este beneficio de la era de Obama, o será que los Estados Unidos ha escrito otro “Cheque sin fondos”? 

Hasta el momento el presidente ha respetado el alivio DACA, y no ha sometido a los beneficiarios a procesos de deportación, con sólo unas pocas excepciones. DHS ha declarado rotundamente que continuará respetando los beneficios de DACA, tales como los permisos de trabajo, pero el futuro del programa está en peligro inminente. El pasado Secretario de DHS (y actual jefe de Personal de la Casa Blanca), John Kelly, expresó que el Congreso tiene que intervenir para resolver este problema ya que el asunto le corresponde a la rama legislativa. Los representantes de la Cámara, Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) y Lucille Roybal-Allard (D-CA) presentaron un proyecto de ley que le otorgaría la residencia permanente a los beneficiarios de DACA. Los Senadores Lindsey Graham (R-SC) y Dick Durbin (D-IL) han presentado un proyecto de ley similar en el Senado, pero, mientras tanto, varios Estados han amenazado demandar al presidente Trump si el mantiene a DACA, dándole una fecha límite del 5 de septiembre. De ser demandado, es muy probable que el caso quede embotellado en los tribunales por unos meses.