Durante la campaña que condujo a la presidencia de Trump, se hizo muy claro que la inmigración sería un punto focal de la nueva Administración.  A sólo unos días luego de tomar el mando, el presidente emitió una serie de acciones ejecutivas que afectarían drásticamente el campo de inmigración. Desde prevenir los viajes y aumentos en las redadas de ICE, hasta un muro en la frontera y expulsiones aceleradas, hasta la contratación de americanos y terminar con DACA, estas acciones de la Casa Blanca han desatado varios proyectos de ley en el Congreso, y algunos han recibido apoyo bipartidista. 

Sin embargo, tras un debate más amplio en el Congreso sobre inmigración, la casa Blanca emitió una serie de prioridades de reformas para tener en cuenta, las cueles tienen un tono bastante punitivo y severo, y justifican duras consecuencias basadas en problemas presuntos en vez de reales.  Algunas de estas prioridades son predecibles; financiación para el muro en la frontera, incremento en las medidas de cumplimiento en el interior, y reducción a la financiación para las ciudades Santuario. Estas prioridades también incluyen reformas para la inmigración basada en la familia, y la inclusión de un sistema de visa basado en méritos para las solicitudes relacionadas con el empleo.  Claro que las propuestas serán examinadas por los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, principalmente para ver las áreas que puedan necesitar un compromiso, dado que el presidente tendría que firmar una ley de reforma de inmigración para promulgarla.   (Es difícil tener los votos suficientes para anular el veto presidencial). 

A pesar de todo, varias iniciativas para una reforma fragmentada se están realizando en la rama legislativa, el gran número de ellas iniciadas por los Republicanos.  En el Senado, la Ley RAISE (Reformar la Inmigración para una Economía Fuerte) incluye provisiones que notablemente reducen la inmigración basada en la familia y promueven el sistema basado en méritos o puntos.  Así mismo, el sistema E-Verify sería estipulado federalmente a toda la nación.  El proyecto de Ley RAISE recibió el respaldo del presidente cuando lo presentaron y está complementado en la versión de la Cámara, la Ley de Inmigración para el Interés Nacional.  Ese proyecto de ley, aún más restrictivo, limitaría la inmigración legal a 500.000 por año, transaccionaría a un sistema basado en méritos a favor de las capacidades en el idioma inglés, y reduciría la inmigración basada en la familia.  Exigir el sistema E-verify también es un ingrediente básico de esta Ley.  Una tercera propuesta, la Ley de la Fuerza de trabajo Legal, sólo se enfoca en la implementación del programa E-verify a nivel nacional. 

Proyectos de ley adicionales están más enfocados que los grandes cambios a la inmigración legal y a la exigencia del programa E-verify, Otro proyecto de ley, la Ley de la Protección y el Crecimiento de los Empleos Americanos, modifica los requisitos para las visas H-1B de una forma proteccionista, e intentaría limitar la subcontratación de empleos americanos.  Bajo esta propuesta, una visa H-1B dependería en un salario de $100.000.  Así mismo, la Ley para la Seguridad Fronteriza y el Alivio para la Acción Diferida proporciona $1,6 millones para medidas de seguridad fronteriza y al mismo tiempo proporciona tarjetas verdes para los beneficiarios de DACA, mientras que a la vez dispone que la afiliación a una pandilla es una ofensa que tiene como consecuencia la deportación.  La afiliación a una pandilla tiene su propio proyecto de ley, la Ley de Deportación de un Inmigrante Criminal Miembro de una Pandilla. Aprobada por la Cámara en septiembre, este proyecto de ley define una “pandilla criminal” y a un “miembro de una pandilla”, y autoriza a ICE para expulsar a los extranjeros basándose en su afiliación a una pandilla y a las actividades relacionadas con una pandilla, sin importar si han condenado al extranjero por una acción que resulte en la expulsión.  Este proyecto de ley está actualmente bajo la consideración del Senado. Por último, una nueva ley para Trabajadores Temporales propone un programa de trabajadores temporales que permitiría a 500.000 extranjeros adicionales a trabajar todo el año en las fincas y ranchos americanos.  La visa de trabajador temporal tendría una vigencia de 3 años, pero los participantes en este programa tendrían que pasar por lo menos 45 días en su país durante este tiempo.  

No obstante, los esfuerzos legislativos más destacados hasta la fecha han sido aquellos que se destinan únicamente para la protección de los beneficiarios de DACA. Esos esfuerzos incluyen la Ley de Soñadores 2017 y la Ley SUCCEED, descritos arriba.  De todos modos, es claro que hay intereses sinceros por la parte de la rama legislativa de “arreglar” nuestro sistema de inmigración.  Sin embargo, todavía ninguno de los proyectos de ley ha pasado ambas cámaras del Congreso, y es muy probable que se realicen muchas negociaciones y compromisos significativos antes de que cualquiera de estos proyectos de ley se envíe al escritorio del presidente para que los firme.