Durante la mayor parte del verano, la noticia más relevante sobre la inmigración ha sido la de unos 60,000 menores solos y madres con sus pequeños hijos huyendo de la grave situación de violencia y falta de leyes en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. La crisis humanitaria en Centro América ha dado pie a un debate sobre cómo manejar a esta población tan vulnerable: regresarlos a su país de origen o darles ayuda humanitaria en los Estados Unidos. A continuación una breve reseña de lo que ha sido la respuesta del gobierno federal hasta los momentos, una descripción de las condiciones en tierra y una perspectiva histórica de la cantidad.

Poco después de aparecer la crisis, la administración del Presidente Obama revisó los recursos de las numerosas agencias federales que atendían los casos de detención, procesamiento, alojamiento y repatriación de niños menores sin acompañantes y pidieron fondos de emergencia al Congreso. Desafortunadamente, el Senado y la Cámara de Representantes no pudieron ponerse de acuerdo antes del receso pautado para el 4 de agosto, y deberán continuar las negociaciones y deliberaciones al regreso después del Día del Trabajo. Mientras tanto, las cortes de inmigración deberán agilizar las audiencias para determinar si sus temores son auténticos y si son elegibles para el estatus de asilo o si deberán ser deportados.

Mientras que muchos de los niños se han reunido con familiares que ya están viviendo en los Estados Unidos otros son retenidos en centros de detención en espera de audiencias. Uno de estos centros es el Centro Federal de Detenciones en Artesia, un pequeño pueblo al sureste de Nuevo México. Artesia se ha convertido en el centro de la atención porque el Centro Federal de Entrenamiento se ha convertido en un centro de detención para mujeres y niños huyendo de la situación de violencia existente en Centro América.

Al comienzo de la crisis, el Colegio de Abogados de Inmigración hizo un enorme esfuerzo, sin fines de lucro, para asegurarles a los detenidos un proceso justo. Equipos de abogados de inmigración, muchos de ellos miembros de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, están ofreciendo su tiempo y experiencia para ayudar a estas madres y a sus hijos. A continuación, algunos mensajes  de abogados que han pasado una semana en Artesia nos dan una idea de las condiciones de estos centros de detención:

“Pase la semana pasada en el centro de “detención familiar” de Artesia, a cuatro horas por carretera desde Alburquerque y El Paso. Éramos un grupo de aproximadamente 10 voluntarios (abogados, traductores, personal administrativo) haciendo lo posible por parar la rápida deportación y darles a las mujeres y niños un mínimo de ayuda. Esta fue la primera semana que ha habido un voluntario a tiempo completo en el lugar desde que abrió hace un mes.

“La primera impresión que se tiene. . . es que todos los niños están enfermos, por lo menos con tos. Están deshidratados y apáticos. Tienen frío. . . dos de las mañanas la temperatura bajo alrededor de los 60 y no habían abrigos ni cobijas, por lo que madres y niños se cubrían con toallas. Casi todos tienen razones válidas para optar por asilo—la mayoría debido a la violencia doméstica o las pandillas. Desafortunadamente muchos ya habían sido deportados sin ni siquiera haber tenido la oportunidad de consultar con un abogado. Algunas madres se dan por vencidas pidiendo que las deporten porque los niños están muy enfermos.” [Nota del Editor: Muchos se están dando por vencidos aunque las condiciones en sus países son terribles. Por ejemplo, recientemente fueron asesinados 5 hondureños por pandillas luego de ser deportados de los Estado Unidos. NPR8/212014]

Una abogada pro bono de Oregon describió su experiencia en Artesia:

“La falta de justicia, procesamiento adecuado, y la grave violación de los derechos humanos básicos en Artesia son realmente alarmantes. . . . Debemos enviar a nuestros miembros para que vean y experimenten personalmente lo que sucede, para que puedan tender sus manos en este lugar tan oscuro. . . .Estas son las personas más vulnerables de la tierra, y nuestro gobierno los está usando para mandar mensajes de que nuestras fronteras están cerradas. Como abogado no podemos dejar que esta voz de odio sea la que más se oiga.”

Un tercer abogado voluntario reporto:

“Hombres y mujeres detenidos por tiempo indeterminado, sin recibir una oportunidad de una audiencia ni acceso a un abogado, y finalmente regresados a la situación de peligro del cual vienen huyendo. Esto es lo que estamos viendo en Artesia. . . .

No debería ser así. Pero a esto es a lo que hemos llegado. Debemos ayudar a estas familias, ofrecerles el cuidado y las condiciones humanas más básicas, y finalmente atacar la raíz de este problema: las condiciones de Centro América, y los contrabandistas y traficantes que están haciendo fortunas a cuenta de la miseria de otros.”

Un artículo reciente “Los Niños Merecen un Estatus de Protección”, escrito por el conocido abogado de Inmigración  y autor Ira J. Kurzban y publicado en la edición del 16 de Julio del Miami Herald, resume la crisis actual y nuestro deber moral urgente de brindar ayuda:

La presencia de más de 50,000 niños que han cruzado nuestras fronteras en los últimos dos años apenas describe la histeria y las predicciones de caos y ruina pregonadas por los políticos y grupos anti-inmigración. Que los Estados Unidos está siendo invadido por niños y que su número creará un  cataclismo no es solo abominable sino totalmente erróneo.

Para comenzar pongamos los números en perspectiva. Hoy en día en el mundo tenemos más de 50 millones de refugiados y desplazados. El gobierno del Líbano tiene más de 856,500 refugiados en una población de 4.4 millones, lo que representa 19.4 por ciento de su población. Jordania, tienen 641,000 refugiados en una población de 7.3 millones lo que representa 8.79 por ciento de su población.

Aceptar 60,000 niños en una población de 317.2 millones -menos del 0.2 por ciento de nuestra población – no haría mayor mella en nuestros recursos.

A pesar de las inmensas diferencias en riquezas y recursos entre nuestro país y aquellos como el Líbano, Jordania y hasta Irán, que actualmente tienen una de las poblaciones de refugiados más grandes, el escenario del fin del mundo ofrecido por algunos anillos de la hipérbole.

Cuando éramos un país más preocupado y generoso trajimos 14,000 niños cubanos durante la Operación Peter Pan. En 1966, trajimos 266,000 hombres, mujeres y niños a los Estados Unidos desde Puerto Carioca. Para aquel momento esos 266,000 cubanos representaban el .14 por ciento de nuestra población, siete veces el número de los migrantes de hoy en día.

La manera de atacar este problema es no privar a estos niños de su derecho a una audiencia justa en relación a su temor de vivir en una situación de pobreza y violencia en su país.

La propuesta de llamar a jueces jubilados y tener audiencias “rápidas” para estos niños no es más que un disimulo de procedimientos de la misma manera que las autoridades de inmigración las  ofrecieron a los refugiados haitianos durante los años 70 y 80 en Miami. Esas audiencias rápidas fueron descritas por el juez de Distrito James Lawrence King como “un programa sistemático diseñado para deportar (haitianos) sin respetar sus merecidos reclamos de asilo.”

Nada de eso ocurrirá aquí, abogados públicos dedicados al trato justo con los niños usaremos nuestro sistema legal para desenmascarar el disimulo. Peor aún, gastaremos billones de dólares creando este sistema injusto. Estas audiencias rápidas eran injustas entonces, y fueron una burla al juramento de nuestro país de ser un país de asilo  –  lo será ahora.

El presidente sabiamente envió al vicepresidente Joe Biden a Guatemala cuando surgió el tema. Si queremos encarar el tema de manera correcta, vamos a hablar del tema de la violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador. Como un poderoso aliado, los Estados Unidos tiene la habilidad, si así lo desea, de abordar estos temas en los países donde tienen su origen.

Al mismo tiempo, reconocer a estos niños como víctimas de la violencia y darles un Estatus de Protección Temporal.

Concediendo el Estatus de Protección Temporal tendría varios beneficios. Los billones de dólares ahorrados, por la cancelación de audiencias simuladas, pueden usarse para afrontar las raíces de los problemas de contrabando y violencia callejera en sus países.

Esto no es un problema de seguridad fronteriza. Los niños no entran como contrabando; son traídos hasta la frontera. Debemos avocarnos a los contrabandistas y las causas que permiten que estos contrabandistas prosperen. Concedan Estatus de Protección Temporal, y persigan a los contrabandistas y causantes de la violencia de las pandillas.

No podemos estar más de acuerdo. Esto no es un problema de seguridad fronteriza que requiere la deportación de niños a unas condiciones de muerte segura en su país de origen; es una crisis humanitaria que exige un debido proceso y una ayuda temporal.