La crisis de refugiados que surge desde Honduras, Guatemala y El Salvador (El triángulo del Norte) no ha disminuido. La tasa de homicidios arrasadora en estos países ha llevado al crecimiento de un 1,185 por ciento de las solicitudes de asilo comparado con otros países vecinos en América Latina. Agobiados por las pandillas, 95 por ciento de los homicidios en el Triángulo del Norte quedan sin resolver. Un intento para enfrentar el problema fue la presentación del Proyecto de Ley del Senado S.3106 (Decreto Para Asegurar el Triángulo del Norte) por parte del Senador Harry Reid y otros Demócratas en el Senado. El Proyecto de Ley autorizaría $1 billón de dólares para ayudar a financiar centros de crisis en el triángulo del Norte y refugios de asilo en México. También penalizaría el sondeo de los agentes de la frontera – un complemento dirigido a los Coyotes quienes transportan a personas a través de la frontera por dinero. Así mismo, la administración del gobierno de Obama, ya implementó y expandió el programa de Menores de Centroamérica (CAM, por sus siglas en ingles), el cual permite a los menores solicitar un estatus de refugiado mientras que todavía estén en el Triángulo del Norte. (Ver abajo).

Aunque las ramas legislativas y ejecutivas están escribiendo Proyectos de Leyes y estableciendo programas para ayudar a reducir la crisis, la ley de asilo en esta área no ha abordado de una forma positiva la violencia de las pandillas: las solicitudes de asilo basadas en la violencia de pandillas continúan siendo rechazadas. Un fallo reciente del Circuito Octavo se sumó a creciente número de fallos que rechazan el asilo debido a que la persecución que enfrentan los solicitantes no surgió de un motivo de protección o no fue lo suficientemente específica. En este caso, Garcia-Milian v. Lynch, pandillas Guatemaltecas amenazaron, golpearon, y eventualmente mataron al tío del solicitante al tratar de extorsionarlo. Le dijeron a la familia del tío, incluyendo el solicitante, que le dispararían a cada miembro de su familia “uno-por-uno” si la familia no le entregaba el dinero a la pandilla. El juez de inmigración concluyó que el solicitante era creíble, pero que la persecución se basaba en el dinero y no en un motivo de protección. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), y luego el Tribunal de Apelaciones afirmaron la decisión, el último observando que una simple “intención criminal” no es un motivo protegido y como la pandilla amenazó a toda la familia, no se demostró la persecución especifica del solicitante.

En un plano más positivo, a principios del verano, el tribunal de Apelaciones del  Noveno Circuito afirmó que el acuerdo Flores de casi 20 años gobierna la custodia y liberación de todos los niños inmigrantes – solos o aquellos acompañados por un padre – y que las prácticas de la Administración del gobierno de Obama violan ese acuerdo. Los demandantes habían asegurado que la Administración continuaba deteniendo niños en condiciones deplorables e insalubres en las instalaciones de CBP, en violación del acuerdo y las órdenes del tribunal.

El fallo del Noveno Circuito surgió luego que DHS apelará el fallo del verano pasado por la juez del tribunal del distrito Dolly Gee, que encontró que DHS estaba en violación del acuerdo. DHS había defendido que el acuerdo no aplicaba a los niños detenidos con sus madres, y que la detención continúa de los niños que llegaron con sus madres era por consiguiente permisible. No obstante, el tribunal de Apelación afirmó que el acuerdo Flores, de hecho sí gobierna el tratamiento de ambos los niños solos o acompañados, y que ninguno de los dos, los centros de detención familiar ni los estándares publicados por ICE que gobiernan dichos centros de detención, cumplen con el acuerdo. El tribunal de apelaciones afirmó también que el tribunal del distrito estaba en lo correcto al rechazar la solicitud de DHS para modificar el acuerdo para así permitir que continuara la detención familiar. Mientras que el tribunal no está de acuerdo con las conclusiones del tribunal del distrito en cuanto a que los términos del acuerdo abordan la liberación de las madres, su decisión no hace nada para impedir la liberación de las madres con sus hijos.

La Administración controla los siguientes pasos, y básicamente tiene tres opciones: (1) Puede liberar a los niños a otros familiares y continuar deteniendo a las madres; (2) pude liberar a las madres con los niños; o (3) puede avanzarlos por un proceso de expulsión acelerado a un ritmo mucho más rápido al que están usando ahora. La juez del tribunal inferior en el caso, juez Gee, había afirmado que se podían detener los niños hasta cinco días. Por lo tanto, se podrían pasar por el proceso rápidamente, aunque se estarían violando sus derechos de debido proceso.

Mientras tanto, la Administración ha expandido sus iniciativas para enfrentar los retos de la inmigración en la Frontera del Sur y recientemente anuncio nuevas iniciativas para ayudar a los refugiados de Centroamérica, que incluyen una revisión previa de los solicitantes en el extranjero y la expansión del programa actual de Menores de Centroamérica (CAM, por sus siglas en ingles), con la ayuda de Costa Rica. Costa Rica ha acordado participar en el acuerdo de Protección de Traslado (PTA, por sus siglas en inglés) con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, en inglés UNHCR) y la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés) para ayudar a enfrentar esta crisis. Coordinando con la UNHCR y la IOM, el gobierno de Estados Unidos hará revisiones previas a solicitantes vulnerables de la región que buscan protección. Después de la revisión previa, este acuerdo permitiría a la UNHCR y a la IOM a trasladar a Costa Rica a los solicitantes que necesitan más protección, donde serían procesados como refugiados antes de establecerlos en los Estados Unidos u otro tercer país. Además, para aquellos casos que no requieren un traslado inmediato a Costa Rica, los Estados Unidos está estableciendo un programa de remisión dentro del país, para permitir que los residentes vulnerables en esta región sean considerados para protección de refugiados en los Estados Unidos luego de haber sido revisados y entrevistados por los oficiales de DHS en sus países de origen. La expansión del actual programa CAM intenta proporcionar a los niños de El Salvador, Guatemala, y Honduras una alternativa, segura y ordenada, al trayecto inseguro e irregular que algunos niños están tomando actualmente para llegar a los Estados Unidos.

Se han recibido alrededor de 10,000 solicitudes, lo cual permite a un padre que reside legalmente dentro de los Estados Unidos a solicitar el estatus de refugiado para sus hijos que están en uno de estos tres países. Cuando estén acompañados de un niño habilitado, las siguientes categorías adicionales de solicitantes pueden también se consideradas bajo el programa: (1) hijos e hijas de un padre que reside legalmente en los Estados Unidos quienes son mayores de 21 años; (2) el padre biológico, dentro del país, de los niños habilitados; y (3) cuidadores de niños habilitados que también son familiares de padres que residen legalmente en los Estados Unidos.