Como previamente fue anunciado el 16 de febrero, un juez de distrito federal en Texas ordeno un paro, o mandamiento judicial temporero, a las acciones ejecutivas del Presidente Obama sobre inmigración. El Juez Andrew Hanen se puso de parte de Texas y 25 otros estados quienes presentaron una demanda oponiéndose a las iniciativas que ofrecerían protección a la deportación (y permisos de trabajo) para aproximadamente cinco millones de inmigrantes indocumentados.  Poco después, el Juez Hanen también denegó la moción presentada por el Departamento de Justicia de detener el mandamiento judicial temporero. Las partes se encuentran ahora en la fase de descubrimiento de prueba de la demanda, la cual se espera concluya allá para el 8 de mayo. En ese entonces, el Juez Hanen considerara las peticiones de las partes y emitirá una orden apropiada tan pronto como sea practicable.

Sin embargo, en marzo, el Juez Hanen informo que debido a la seriedad de los asuntos ante la corte, él no se expresaría sobre otras mociones pendientes “hasta que sea claro que estos asuntos, si verdaderos, no impacten los asuntos pendientes o cualquier decisión previamente dictada por esta Corte” así abriéndole el camino al Departamento de Justicia a apelar a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. A mediados de marzo el Departamento de Justicia presento una moción urgente para una apelación de detenimiento ante la Corte del Quinto Circuito, solicitando que la corte detuviera el mandamiento judicial temporero del tribunal inferior en su totalidad, o al menos lo detuviera con respecto a la implementación en otros estados que no fuera Texas, o en estados que no son partes en la demanda.  La Corte de Apelaciones cito a una audiencia para el 17 de abril sobre si la orden de cese a las órdenes ejecutivas del Presidente Obama debería ser levantada.

Mientras la litigación continua, grupos de interés y una miríada de apostadores se han designado como amigos de la corte “amici”.  En apoyo al gobierno federal de su intento de reversar el mandamiento judicial temporero, loa alcaldes de Nueva York, Los Ángeles y más de 70 otras ciudades y condados, sobre 100 profesores de leyes de inmigración y 15 estados además del Distrito de Columbia, así como 181 miembros del Congreso, todos presentaron mociones amicus con el Quinto Circuito.  Veintiséis estados urgieron al Quinto Circuito a no levantar el mandamiento judicial temporero del Juez Hanen.

Mientras tanto, una decisión reciente en un caso en Mississippi rechazo un reto similar a la autoridad del Presidente y podría presagiar lo que la corte decidirá en Texas v. US.

Reuters reporto:

Una corte de apelaciones de E.U…..denegó un desafío a la orden ejecutiva del Presidente Barack Obama que otorgaba relevo de deportación a inmigrantes traídos ilegalmente a los Estados  Unidos siendo menores, manteniendo una decisión previa de una corte inferior.

Un panel de la Quinta Corte del Circuito de Apelaciones de E.U. encontró que los demandantes en este caso, el estado de Mississippi y n grupo de oficiales de Inmigración y Control de Aduanas, molestos con las directrices de la Casa Blanca, no habían demostrado que habían sido suficientemente dañados por la regla de mantener el caso vivo.

“Concluimos que ni los agentes ni el estado de Mississippi ha demostrado el daño concreto y particular que se requiere para darles derecho a mantener esta demanda” expresaba la decisión.

Mientras es posible que el Quinto Circuito distinguirá el caso de Texas del caso de Mississippi, esta decisión es buenas noticias para la Administración y los cinco millones de individuos esperanzados a ser elegibles para beneficios bajo la acción ejecutiva.

También, en otro desarrollo positivo para la Administración y la legalidad de la acción ejecutiva del Presidente, en marzo la Corte Suprema reverso una decisión de la corte de apelaciones de 9 -0, encontrando que las agencias federales no necesitan usar la notificación y comentarios del Acta de Procedimiento Administrativo (APA) cuando cambia su interpretación de sus propias decisiones.  La demanda de Texas también argumento que la acción ejecutiva violaba el APA bajo esos mismos términos.  No así, expreso la Corte Suprema.