Boletín de Agosto de 2021

• La caída de Afganistán: Opciones de visa para quienes pueden salir
• Juez federal detiene la adjudicación de las solicitudes iniciales bajo DACA
• Buenas noticias para los estudiantes bajo F-1: USCIS elimina el requisito para las solicitudes “puente” durante el tramite de I-539, extensión o cambio del estado de no inmigrante
• La Corte Suprema niega las audiencias de fianza a individuos con órdenes de expulsión restablecidas
• El Fiscal General Garland restaura la imparcialidad de la Ley de Asilo y los procesos de expulsión
• Otro caso de la era Trump revocado por el Fiscal General, devolviendo el cierre administrativo a las herramientas de los tribunales migratorios; mientras tanto, tribunal en Texas bloquea las prioridades de ejecución del ICE
• Directriz del ICE actualiza el tratamiento de madres embarazadas, en posparto y lactantes
• NIE ahora válidas por 12 meses en la mayoría de los casos
• Resumen de noticias:
  • Nuevo Formulario de Ajuste de la Solicitud I-485 requerido desde el 13/10/2021;
  • Rediseño de Yemen y Somalia para TPS;
  • Extensión del Registro Inicial para TPS para los solicitantes de Venezuela, Siria, y Birmania;
  • DED para residentes de Hong Kong;
  • La administración anuncia política de expulsión acelerada en la frontera Estados Unidos – México;
  • USCIS extiende temporalmente la validez de los exámenes médicos;
  • Se requerirá que los agentes fronterizos lleven cámaras corporales;
  • Autorización de trabajo disponible para ciertos estudiantes bajo F-1 de Haití y Somalia;
  • Orden ejecutiva suspende la entrada de ciertos individuos contribuyentes a la situación en Bielorrusia;
  • Se ordena la emisión de las Visas DV del año pasado

La caída de Afganistán: Opciones de visa para quienes pueden salir

La más reciente caída de Afganistán en manos de los talibanes es sorprendente tanto en su velocidad como en la devastación para las decenas de miles que apoyaron la misión estadounidense a lo largo de las últimas dos décadas. En un lapso de tan solo 10 días, los afganos vieron derrumbarse sus esperanzas y sueños. Con mucha gente sin poder movilizarse en el aeropuerto y otros refugiándose en el país, la comunidad internacional – el gobierno estadounidense, organizaciones de asistencia y abogados migratorios, entre muchos otros – han movilizado todo el soporte posible para los afganos que buscan escapar y reubicarse en Estados Unidos.

Legalmente hablando, los afganos que busquen entrada a Estados Unidos pueden hacerlo bajo visas de inmigrantes, incluyendo la Visa de Inmigrantes Especiales (por sus siglas en inglés, SIV), las visas P1 o P2 (ver a continuación), o bajo el permiso humanitario. El programa SIV permite a los afganos que trabajan o trabajaron “mediante o a nombre del gobierno estadounidense en Afganistán,” así como a sus familiares, calificar para visas y estado de residente permanente legal en Estados Unidos para ser elegible para una SIV, los nacionales afganos deben haber estado empleados por el gobierno estadounidense o la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad durante un mínimo de dos años, y el solicitante debe probar “un servicio leal y valioso” mediante una carta de recomendación de parte de un supervisor. Adicionalmente, los solicitantes deben brindar evidencia de una amenaza grave y continua debido a su servicio. (Antes de las crisis actuales, el DHS reportó que le tomaba a la agencia 996 días calendario – casi tres años – procesar a los solicitantes de SIV como resultado de bloqueos burocráticos para aquellos elegibles, tales como el poder procurar la prueba del tiempo en servicio y la documentación relevante. Desde principios de agosto, más de 18.000 afganos estaban a la espera de decisiones sobre sus solicitudes de SIV en la Embajada de Kabul.)

Bajo el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (por sus siglas en inglés, USRAP), la elegibilidad se ha expandido de acuerdo con dos distintas prioridades (P1 o P2). En primer lugar, los afganos bajo amenazas especialmente severas – incluyendo a mujeres y niñas, defensores de derechos humanos, periodistas y demás figuras de la sociedad civil – pueden ser elegibles bajo la P1 si el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), una embajada estadounidense o una ONG remite al solicitante al USRAP. En segundo lugar, quienes no califiquen para una SIV pueden ser elegibles bajo la P2 si trabajaron para contratistas (y/o la más general Misión de Apoyo Decidido), para programas financiados por el gobierno estadounidense, o para organizaciones de comunicaciones u ONG estadounidenses. De acuerdo con los estimados, los afganos que califican para cualquiera de estas prioridades del programa se encuentran en las decenas de miles.

El permiso humanitario es otro mecanismo disponible para los afganos; permite a las personas entrar condicionalmente a  Estados Unidos con fines humanitarios. Tales solicitantes, sin embargo, generalmente deben solicitar un documento de viaje (Formulario I-131), que debe ser emitido para que la persona aborde un vuelo comercial y entonces ingrese a Estados Unidos. Las reglas sobre la obtención previa del permiso humanitario están cambiando día a día, y todo indica que algunos afganos que se encuentran en tránsito ya serán acogidos “en puerto” sin solicitar primero el permiso humanitario, si pueden conseguir un vuelo de evacuación de Estados Unidos. Los afganos con I-130 aprobadas, pero que no hayan completado aún el proceso de la visa de inmigrante, serán acogidos por la CBP.

La Administración Biden ha asegurado acuerdos con más de una docena de países para que ayuden a servir como puntos de tránsito o demás puntos de reubicación para las personas que están saliendo de Afganistán, de tal modo que el DOS pueda completar el procesamiento de las visas y los chequeos de seguridad. Con suerte, esto aliviará algunas de las demoras en el sistema. Pero el caos continúa: no solo afganos en pánico han irrumpido en el aeropuerto de Kabul, sino que otros no pueden llegar a Kabul ni al aeropuerto, el último en operación en el país.

Como mínimo, tenemos la obligación moral de proteger total y absolutamente a nuestros aliados afganos. Esto debe incluir a los miles de solicitantes que sirvieron de apoyo a nuestra misión en sus provincias de origen pero no han podido llegar a Kabul. El Presidente Biden debe cumplir con su declaración ante estos nacionales afganos cuando dijo “estaremos con ustedes, tal como ustedes estuvieron con nosotros.” No podemos apartarnos de esta tragedia.

Juez federal detiene la adjudicación de las solicitudes iniciales bajo DACA

El 16 de julio de 2021, el Juez Andrew Hanen del Tribunal del Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Texas concluyó que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (por sus siglas en inglés, DACA) era ilegal porque infringía la Ley de Procesos Administrativos (por sus siglas en inglés, APA). Sin embargo, la decisión no tiene un impacto inmediato en los beneficiarios actuales de DACA, que se estiman alrededor de 616.300. Las solicitudes de renovación para los beneficios de DACA pueden presentarse y seguirán siendo procesadas por USCIS, así como las solicitudes de acogida anticipada para los beneficiarios de DACA. No obstante, las solicitudes iniciales para recibir beneficios de DACA se verán impactadas por la decisión, ya que no pueden ser adjudicadas. Actualmente, hay un estimado de 81.000 solicitudes iniciales pendientes ante USCIS que seguirán suspendidas temporalmente como resultado de esta decisión.

La decisión se sostuvo únicamente sobre bases de procedimiento, argumentando que DACA debía haber pasado por un periodo de información y comentarios, de acuerdo con la APA. El 17 de junio de 2021, el Secretario Mayorkas del DHS emitió un comunicado indicando su decepción con el veredicto del tribunal, y dijo, “el DHS continúa centrado en salvaguardar DACA, y emprenderemos un proceso legislativo para preservar y fortalecer DACA. El Departamento de Justicia también pretende apelar al veredicto de ayer. Adicionalmente, continuaremos procesando las solicitudes de renovación bajo DACA, de manera consistente con la normatividad.” Además de prometer disputar la legalidad de la decisión del Juez Hanen y rectificar los errores de procedimiento, la Administración Biden urgió la aprobación de una reforma legislativa para facilitar una vía para que los beneficiarios de DACA obtengan la residencia permanente.

Además de las 81.000 solicitudes iniciales de DACA pendientes, se estima que hay hasta 1.3 millones de individuos elegibles bajo DACA viviendo en Estados Unidos que no solicitaron los beneficios debido al intento de la Administración Trump de rescindir el programa y prohibir las solicitudes iniciales. Al 31 de mayo de 2021, solo 1.900 de las solicitudes iniciales presentadas desde la reapertura del programa en diciembre de 2020 han sido adjudicadas por USCIS. A principios de julio, la Administración Biden asignó más funcionarios de USCIS para adjudicar las solicitudes de DACA pendientes.

El programa DACA, promulgado mediante orden ejecutiva por el Presidente Obama en junio de 2012 luego de que el Congreso no aprobara la Ley DREAM, brinda protección temporal y autorización de trabajo para ciertas personas que llegaron a Estados Unidos antes del 15 de junio de 2007 y menores de 16 años, que permanezcan continuamente en Estados Unidos, pasen una revisión de antecedentes, y cumplan con requisitos educativos o sirvan en el Ejército de Estados Unidos. Si bien solo se trata de una solución temporal, DACA ha transformado las vidas de los beneficiarios, permitiéndoles trabajar, seguir su educación a nivel universitario, y, en algunos casos, viajar al exterior.

Pese al éxito del programa DACA, la decisión magnifica su fragilidad y sus limitaciones. Pese a ser urgida por algunos políticos, parece improbable que una reforma legislativa duradera para proteger a los beneficiarios de DACA sea aprobada en el Congreso actual. Aunque la Cámara Demócrata aprobó la “Ley de Promesa y Sueño Americano,” en marzo de 2021, el proyecto de ley tiene una probabilidad estimada del 29% de ser aprobada por el Senado, de acuerdo con analistas políticos. Como se ha urgido en boletines previos, en lugar de depender únicamente de una reforma legislativa, los beneficiarios y los individuos elegibles bajo DACA deben consultar y generar estrategias con sus abogados para preservar y buscar las opciones legales para obtener la residencia permanente.

Vale la pena anotar que el Juez Hanen previamente bloqueó el intento de 2014 del Presidente Obama, mediante orden ejecutiva, de promulgar protecciones para ciertos padres indocumentados de ciudadanos e hijos de residentes permanentes legales que llegaran a Estados Unidos. El programa era conocido como Acción Diferida por Responsabilidad Paternal (por sus siglas en inglés, DAPA), y también fue detenido debido a errores de procedimiento en cómo fue implementado. El asunto llegó a la Corte Suprema el año siguiente, la cual votó 4-4 sobre el asunto. Ya que la Corte Suprema no pudo llegar a una mayoría, el veredicto del tribunal inferior se mantuvo, y no pudo implementarse el programa, para desilusión de los defensores migratorios.

Buenas noticias para los estudiantes bajo  F-1: USCIS elimina el requisito para las solicitudes “puente” durante el trámite de I-539, extensión o cambio del estado de no inmigrante

USCIS ha anunciado que, efectivo el 20 de julio de 2021, los solicitantes elegibles que esperen un cambio de estado a clasificación F-1 no tendrán que presentar solicitudes subsecuentes o de “puente” para una extensión o cambio de su estado de no inmigrante mientras la solicitud de cambio al estado F-1 está pendiente.

Una política de Trump requería a los solicitantes del cambio de estado a F-1 solicitar y obtener el estado de no inmigrante hasta 30 días antes de la fecha de inicio del programa respectivo. Este enfoque resultó en complicaciones con el procesamiento, y en impactos negativos sobre los solicitantes. USCIS finalmente ha reconocido las capas de complicaciones que resultaron de la política de la era Trump.

Los solicitantes con un cambio de estado a F-1 están libres de la presión de caer en un vacío en su estado ya que USCIS ahora otorgará el cambio de estado a F-1 efectivo en el día de la aprobación del cambio de estado. Si la solicitud es aprobada más de 30 días antes de la fecha de inicio del programa respectivo, la solicitud no infringirá su estado F-1 durante ese periodo (por ejemplo, ser empleado no autorizado más de 30 días antes de la fecha de inicio del programa).

En resumen, este nuevo pronunciamiento de USCIS mejorará el procesamiento de cambio de estado a F-1, y aliviará algunas de las cargas adicionales impuestas sobre estos nacionales extranjeros.

La corte suprema niega las audiencias de fianza a individuos con órdenes de expulsión restablecidas

El 29 de junio de 2021, la Corte Suprema sostuvo, en Johnson v. Guzman Chavez, que quienes tengan una orden de expulsión previa no tienen derecho a audiencias de fianza cuando son detenidos luego de un reingreso ilegal. La decisión revertió el precedente del Cuarto Circuito que permitía acceso a las audiencias de fianza a individuos con órdenes de expulsión restablecidas. Desde la mayoría, el Magistrado Alito encontró que los individuos sujetos a una orden de expulsión restablecida se encuentran estatutariamente descalificados de dichas audiencias de fianza, ya que sus órdenes de expulsión son finales, incluso si pueden ser finalmente “suspendidas.”

El veredicto de la alta corte impide a los jueces migratorios incluso considerar emitir una fianza, incluso si el nacional extranjero puede probar que tiene vínculos con Estados Unidos y no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad. En la práctica, muchos individuos detenidos tienen peores resultados en los tribunales migratorios porque es más difícil obtener acceso a representación legal y preparar su caso adecuadamente en detención. Dado que los casos de suspensión de la expulsión tienen consecuencias significativas, la decisión probablemente llevará a que muchos nacionales extranjeros sean injustamente expulsados a países donde podrían ser asesinados. La decisión también mantendrá a miles de individuos en detención por periodos extendidos.

La decisión perjudica particularmente a muchas personas en procedimientos exclusivos de suspensión. En la mayoría de casos, alguien en un procedimiento exclusivo de suspensión ha sido expulsado previamente de Estados Unidos, pero regresó por miedo a persecución en el futuro. Usualmente, los nacionales extranjeros que buscan la suspensión de su expulsión fueron previamente deportados sin una audiencia, en un proceso conocido como expulsión acelerada. Muchos de quienes buscan la suspensión de su expulsión en un tribunal recibieron una determinación de un miedo razonable a persecución en el futuro o tortura por parte de un funcionario de asilo.

La división 6-3 de la Corte en la línea ideológica señala que la Corte Suprema probablemente será un obstáculo para la expansión de los derechos de los inmigrantes vulnerables – en particular las personas indocumentadas y aquellos que buscan protección de la persecución. La decisión también magnifica la creciente división partisana en cómo referirse a los nacionales extranjeros, con los escritos de los Magistrados en la mayoría refiriéndose a ellos como “aliens,” mientras que los Magistrados que escriben en desacuerdo y el Magistrado Kavanaugh usaron el más humanizador “no ciudadanos.”

El Fiscal General Garland restaura la imparcialidad de la Ley de Asilo y los procesos de expulsión

En un intento de restaurar la imparcialidad a la ley de asilo, el Fiscal General de la Nación, Merrick Garland, en Matter of A-C-A-A-, revocó otra de las decisiones de su predecesor el 26 de julio de 2021. La decisión más reciente del Fiscal Garland marca la cuarta vez que ha revocado una decisión precedente sobre el asilo. Bajo la decisión anterior, emitida en septiembre de 2020, la administración anterior prohibió a la Junta de Apelaciones de Inmigración aceptar las estipulaciones de las partes en los elementos de una solicitud de asilo. La Junta tampoco tenía que mostrar ningún tipo de deferencia a las determinaciones de hecho tomadas por los jueces migratorios al determinar que se cumplían los elementos de una solicitud de asilo. Por último, la decisión de 2020 ordenaba a la Junta “escrudiñar” los grupos particulares aceptables que fueran conocibles bajo la ley, y distorsionaba el componente “a nombre de” de las solicitudes de asilo.

Antes de la decisión de 2020, el uso de las estipulaciones y el uso de la discreción de la BIA para revisar únicamente ciertos elementos de una solicitud de asilo solía ser la práctica común. Como menciona el Fiscal Garland, tanto el Manual de Prácticas de los Tribunales Migratorios como las leyes federales sobre las operaciones de los tribunales migratorios alientan a las partes a negociar y solucionar los asuntos legales antes de las audiencias de los individuos. Bajo esta nueva decisión, las estipulaciones entre las partes pueden someterse a revisión apelativa, lo que puede ayudar a preservar las otorgaciones de asilo basadas en acuerdos entre los abogados del DHS en el juicio y los demandados.

Además, esta última decisión, junto con las demás emitidas este verano por el Fiscal Garland, beneficiarán particularmente los casos de personas que buscan asilo con base en su género y también como resultado de ser víctimas de violencia doméstica. Las decisiones del Fiscal General anterior en la era Trump pretendían crear requisitos excesivamente rígidos para calificar, usualmente desviándose de los precedentes legales establecidos. Específicamente, la decisión anterior impuso requisitos de que la persecución solo ocurriría debido al aspecto protegido del solicitante, en lugar de que únicamente el aspecto protegido fuese sencillamente una “razón central.” El Fiscal Barr específicamente llamó a que la BIA escrudiñara la otorgación de asilo con base en grupos sociales particulares que fuesen grandes, esencialmente intentando eliminar la posibilidad del solicitante de recibir asilo por cuenta de su género. La animosidad frente al asilo de la administración anterior, particularmente su hostilidad a otorgar asilo a las víctimas de violencia de género, se encontraba dentro de los componentes más viles de su política migratoria.

Si bien esta decisión ayuda a revertir algunos de los peores precedentes establecidos por la administración anterior, no obliga que los abogados litigantes negocien con los representantes del demandado. La decisión tampoco habla de remedios legales para las partes cuando los jueces migratorios no honren las estipulaciones o las mociones conjuntas entre las partes, lo que probablemente será un problema, ya que muchos jueces migratorios hostiles nombrados por la Administración Trump continuarán en los estrados.

Otro caso de la era Trump revocado por el Fiscal General, devolviendo el cierre administrativo a las herramientas de los tribunales migratorios; mientras tanto, tribunal de Texas bloquea las prioridades de aplicación de la ley del ICE

A mediados de julio, el Fiscal Garland oficialmente devolvió la herramienta de cierre administrativo al tribunal migratorio en Matter of Cruz-Valdez, revocando el Matter of Castro-Tum del Ex-Fiscal General Jeff Sessions. El cierre administrativo se usaba mucho antes de Castro-Tum en lugar de la terminación, para permitir al tribunal pausar los procedimientos de expulsión y permitir a los individuos buscar asistencia fuera del tribunal migratorio, mediante USCIS y demás.

La decisión del Fiscal General de la Nación significa que el cierre administrativo puede utilizarse ahora en toda la nación, a discreción de los jueces migratorios. Anteriormente, las cortes del circuito federal fallaban de modo distinto sobre el uso del cierre administrativo. El Tercer y Cuarto Circuito, por ejemplo, admitían el cierre administrativo, mientras que el Sexto Circuito solamente cerraba administrativamente bajo circunstancias muy limitadas.

Si bien el cierre administrativo ha sido utilizado durante años para administrar los recursos de los tribunales y es una forma de autonomía de la fiscalía, otra forma de autonomía de la fiscalía – esta vez en la forma de las prioridades de ejecución – fue bloqueada por un juez federal en Texas. La política en cuestión fueron las prioridades de aplicación de la ley de febrero de 2021 de la administración Biden, que ordenaban al ICE centrarse en quienes considera amenazas a la seguridad pública o la seguridad nacional. El caso surgió de una disputa a la habilidad del ICE de arrestar, detener y deportar a quienes se encontraran por fuera del alcance de la directriz de febrero. El juez Drew Tipton de la Corte del Distrito de Estados Unidos por el Distrito Sur de Texas ordenó al ICE formular nuevas políticas antes del 3 de septiembre, y proporcionar al tribunal los nombres, direcciones y antecedentes penales de cualquier persona en Estados Unidos liberado de custodia criminal y no transferido a custodia del ICE. El juez Tipton también declaró que el Presidente no cuenta con el poder para elegir no detener a ciertos inmigrantes. La administración planea apelar.

Directriz del ICE actualiza el tratamiento de madres embarazadas, en posparto y lactantes

El ICE publicó una directriz el 1 de julio que ordena un tratamiento particular para las madres embarazadas, en posparto y lactantes. Concretamente, el ICE únicamente debe emitir una orden de detención para estas personas bajo “circunstancias excepcionales,” y tiene la orden de evaluar toda la información disponible para determinar si una potencial detenida está embarazada, en posparto (entendido como dentro de un año tras dar a luz), o en lactancia. En estos escenarios, o cuando se descubra que una persona ya detenida esté embarazada, el ICE tiene ordenado notificar a las autoridades pertinentes para valorar si la detención es necesaria o para asegurar un cuidado adecuado. Esto, a primera vista, parece ser una divergencia marcada de las tan publicitadas políticas de separación de familias de la Administración Trump.

Excepciones por Interés Nacional (NIE) ahora válidas por 12 meses en la mayoría de los casos

El DOS publicó pautas actualizadas en su sitio web sobre la validez de las Excepciones por Interés Nacional (por sus siglas en inglés, NIE). Anteriormente, las NIE eran válidas únicamente por 30 días. Ahora, las NIE se otorgan por 12 meses, y las NIE emitidas en los últimos 12 meses serán automáticamente extendidas por 12 meses desde la fecha de aprobación y para múltiples entradas, siempre y cuando sean utilizadas para el propósito bajo el cual fueron otorgadas. Las Excepciones por Interés Nacional permiten a los no inmigrantes viajar a Estados Unidos desde países sujetos a las prohibiciones de viaje por COVID, en circunstancias limitadas. La extensión aplica a las NIE de viajeros sujetos a las Proclamaciones Presidenciales 9984 (China), 9992 (Irán), 10143 (Zona Schengen, Reino Unido, Irlanda, Brasil y Sudáfrica) y 10199 (India).

Resumen de noticias

Nuevo Formulario de Ajuste de la Solicitud I-485 requerido desde el 13/10/2021: Efectivo el 13/10/2021, USCIS solo aceptará la edición del 29/3/21 del Formulario I-485. Adicionalmente, USCIS anunció que los solicitantes de un estado como residente permanente legal ahora pueden solicitar un número de la Seguridad Social (por sus siglas en inglés, SSN) o una tarjeta de remplazo del SSN como parte del proceso de ajuste de la solicitud. Anteriormente, estos individuos tenían que solicitar un SSN en una oficina de la Seguridad Social. Tras la aprobación del Formulario I-485, USCIS, en la mayoría de los casos, transmitirá electrónicamente la información a la Administración de la Seguridad Social (por sus siglas en inglés, SSA). La SSA entonces asignará automáticamente un SSN original, o emitirá una tarjeta de remplazo, según sea apropiado.

Re-designación de Yemen y Somalia para TPS: El DHS anunció una nueva designación de 18 meses para Yemen para TPS, permitiéndole a los nacionales yemeníes, y a los individuos sin nacionalidad que residieron por última vez en Yemen, que residan actualmente en Estados Unidos, a partir del 5 de julio, presentar solicitudes iniciales para TPS. El DHS también anunció una nueva designación de 18 meses para Somalia para TPS, permitiéndole a los nacionales somalíes, y a los individuos sin nacionalidad que residieron por última vez en Somalia, que residan actualmente en Estados unidos, a partir del 19 de julio, presentar solicitudes iniciales para TPS

Extensión del Registro Inicial para TPS para los solicitantes de Venezuela, Siria, y Birmania: El DHS ha anunciado extensiones de los periodos de registro inicial de 180 días a 18 meses para los nuevos solicitantes de TPS de Venezuela, Siria y Birmania.

DED para residentes de Hong Kong: El Presidente Biden recientemente emitió un memorando indicando al DHS aplazar por 18 meses la expulsión de residentes de Hong Kong presentes en Estados Unidos al 5/8/2021 (con ciertas excepciones), habiendo determinado que brindar un refugio seguro a los residentes de Hong Kong que han sido privados de sus libertades garantizadas en Hong Kong promueve los intereses de Estados Unidos en la región.

La administración Biden y el DHS anuncian política de expulsión acelerada en la frontera Estados Unidos – México: El 26 de julio de 2021, el DHS emitió un comunicado indicando que las unidades de familias migrantes que cruzaran la frontera entre Estados Unidos y México estarán sujetas a un proceso de “expulsión acelerada.” Las unidades familiares entrevistadas luego de ser aprehendidas, y que no se encuentre cuenten con un miedo creíble de persecución en su país de origen, pueden ser expulsadas sin una audiencia de expulsión formal. En el momento no es claro cómo se ejecutará la política ni qué potenciales ramificaciones pueden existir.

USCIS extiende temporalmente la validez de los exámenes médicos: El 12 de agosto de 2021, USCIS anunció que el periodo de validez del Formulario I-693, Reporte de Examen Médico y Registro de Vacunación, será extendido de dos a cuatro años debido a demoras relacionadas con la COVID en el procesamiento de solicitudes para el ajuste de estados. Los reportes médicos deben ser enviados a USCIS dentro de 60 días de ser firmados por el médico de inmigración.

Se requerirá que miles de agentes fronterizos lleven cámaras corporales: El CBP anunció a principios de agosto que los agentes llevarán cámaras corporales al frente de sus uniformes, y que las cámaras operarán continuamente. Se espera que la agencia provea 6.000 cámaras antes del final de 2021. Ya que hay aproximadamente 20.000 oficiales del CBP, no todos los oficiales tendrán una cámara. El CBP indicó que implementará las cámaras en sitios a lo largo de las fronteras sur y norte, y luego en las operaciones de campo y en los puertos de ingreso.

Autorización de trabajo disponible para ciertos estudiantes de Haití y Somalia bajo F-1: El DHS ha suspendido ciertos requisitos normativos para estudiantes de Haití y Somalia bajo F-1 que experimenten dificultades severas como resultado de las crisis actuales en sus países.

Orden ejecutiva suspende la entrada de ciertos individuos contribuyentes a la situación en Bielorrusia: El Presidente Biden, el 9 de agosto, emitió una Orden Ejecutiva imponiendo sanciones sobre aquellos que se haya determinado contribuyeron con la supresión de la democracia y los derechos humanos en Bielorrusia. La orden ejecutiva suspende el ingreso de ciertos inmigrantes y no inmigrantes a Estados Unidos.

Se ordena la emisión de las Visas DV del año pasado: Un tribunal federal ordenó a Estados Unidos emitir 9.095 visas de diversidad del año fiscal 2020 que el tribunal reservó hace alrededor de un año.